El representante del Gobierno ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Christian Sobrino indicó que el ente creado por la Ley PROMESA acertó en aplazar el tema del recorte de la jornada laboral de más de 130,000 empleados públicos, debido a la emergencia que vive el país por el paso del huracán María.
“Lo que implica es que hay un proceso judicial que no hay que continuar y la Junta expresó y demostró una prespectiva correcta por la situación de Puerto Rico y los retos tanto en la recuperación física, de infraestructura de la isla, como eso va poniendo una presión fiscal adicional al Gobierno”, precisó el funcionario.
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Sobrino manifestó que tanto a corto como largo plazo la isla tendrá que hacer ajustes “en la visión” tras la emergencia causada por el huracán María.
De igual forma, dijo que “estamos en discusiones tanto con la Casa Blanca como el Congreso”, a fin de conseguir fondos de emergencia para la isla y no pedir más prestado. Sobrino se remitió a la comunicación escrita de la JCF, en la que el ente creado por la Ley PROMESA que realiza gestiones para conseguir fondos de emergencia para el país.
El representante del Gobierno ante la Junta dijo que al momento no puede adelantar la fecha en la que tendrían respuesta Congreso.
El pasado sábado la JUnta de Control Fiscal envió una comunicación escrita en la que informó que pospuso la discusión de reducción de jornada laboral hasta el próximo año fiscal y que retirará la demanda relacionada tras el paso del huracán María.
“En toda reunión que tuvimos nos preguntaron qué más se podía hacer. La Junta utilizó esta oportunidad para reclamar ayuda para el pueblo de Puerto Rico, y se unió al gobernador en pedir las exenciones de los pareos, eliminar los topes, aumentar la asistencia financiera, y más importante, agilizar la respuesta a las peticiones del gobernador”, expuso en un comunicado el presidente de la Junta, José Carrión.
