La Junta de Control Fiscal (JCF) anunció ayer que autorizó al gobierno de Puerto Rico a redistribuir hasta mil millones de dólares de su presupuesto para utilizarlos como fondos de emergencia luego del paso del huracán María.
La entidad creada por el Congreso de Estados Unidos, en virtud de la Ley PROMESA, envió una carta al gobernador Ricardo Rosselló Nevares —firmada por el presidente, José Carrión— en la que se comprometió a proveer la “mayor flexibilidad posible” para que el gobierno pueda atender la emergencia.
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“Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes y los residentes de Puerto Rico durante estos momentos difíciles”, lee la carta de Carrión al gobernador.
Agrega que “estamos en disposición de respaldarlos para asegurar la seguridad y protección de los residentes de la isla”.
La misiva, además, expresa la unión de los miembros a los esfuerzos del gobierno dirigidos a procurar “activamente” fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y otras fuentes potenciales de fondos federales para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico.
La junta tiene la autoridad bajo PROMESA y resoluciones del presupuesto actual para aprobar el billón de dólares en modificaciones presupuestarias. Según la carta, se le requerirá al gobierno que provea a la JCF los detalles de cómo el dinero será utilizado.