La compañía eléctrica Florida Power & Light (FPL) enfrenta una demanda judicial relacionada con los apagones ocurridos tras el paso del huracán Irma por Florida, cuyos promotores esperan que reciba luz verde de parte de la justicia para transformarse en una demanda colectiva.
Alexis Hernández, del equipo de uno de los dos abogados que interpusieron este lunes la demanda ante un tribunal de distrito de Miami, explicó que por ahora hay un solo demandante y numerosas personas inscritas para sumarse si el juez a cargo determina que puede ser una demanda colectiva.
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Ese proceso puede llevar de seis a doce meses, según dijo Hernández, integrante del equipo de John Ruiz, de MSP Recovery Law Firm, quien junto a Gonzalo Dorta, de Dorta Law, interpuso la demanda este lunes en nombre de Octavio Fernández.
Previamente otra fuente del mismo despacho había mencionado a Sandra Spier como primera demandante en declaraciones a Efe, pero Hernández aclaró que la persona en cuestión es Octavio Fernández.
Fernández es uno de los 4,4 millones de clientes de FPL que, según la Oficina de Gestión de Desastres de Florida, han sufrido cortes del suministro eléctrico durante o después de Irma, que llegó al estado el pasado domingo, tras dejar muerte y destrucción en diversas islas del Caribe.
El total de hogares, oficinas y negocios en Florida que han estado sin electricidad en algún momento a causa de Irma es de 6,7 millones, según la misma oficina.
Algunos usuarios han estado sin luz más de una semana y todavía hay más de 100.000 clientes de FPL sin el servicio.
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El por ahora único demandante acusa a FPL de haber incumplido el contrato con sus clientes por no haberse preparado adecuadamente para los huracanes, a pesar de que en sus facturas mensuales incluye un recargo obligatorio supuestamente para mejorar sus redes e infraestructuras ante esa eventualidad.
El recargo va de 2 a 10 dólares mensuales dependiendo de la capacidad contratada y otros factores.
“Todas las personas que hayan pagado esos recargos y hayan sido impactadas por Irma podrían ser demandantes si se declara una demanda colectiva”, dijo Hernández.
Con la demanda se busca una compensación para quien haya pagado el recargo y se haya visto sujeto a cortes de electricidad a consecuencia de Irma.
“Buscamos más la verdad que el dinero”, dijo Hernández.
De acuerdo con la integrante del equipo de John Ruiz, no hay “transparencia” de parte de FPL sobre lo que hace con el dinero que es autorizada a cobrar a sus clientes por parte del estado de Florida para prevenir que el servicio se vea afectado cuando se produce un nuevo huracán o tormenta tropical.
El abogado Gonzalo Dorta señaló, por su parte, a medios locales que FPL fue autorizada a cobrar esos recargos por primera vez en 2005 después del huracán Wilma.
Supuestamente el dinero debe usarse para podar árboles cerca de líneas de electricidad y enterrar algunas de las líneas que corren peligro de cortarse por el viento o caída de árboles.
“Obviamente no cumplieron su compromiso, pero no obstante continuaron recaudando millones y millones con esas tasas”, dijo Dorta.
En la demanda se recuerda que FPL hizo en diciembre pasado una petición a las autoridades estatales para recuperar 318,5 millones de dólares que gastó en restablecer conexiones y reparar daños causados por el huracán Matthew, que alcanzó Florida en octubre de 2016.
La alcaldía de la ciudad de Coral Gables, aledaña a Miami, ha amenazado con demandar a FPL por los apagones sufridos.
En nombre de FPL, su portavoz Richard Beltrán dijo que la compañía entiende que es “extremadamente frustrante” estar sin electricidad, según una declaración publicada hoy.
Sin embargo, estimó, con “demandas frívolas” y prácticas similares no se va a lograr que la compañía contemple “tratos preferenciales” a una ciudad en su esfuerzo por “restablecer el servicio a todos nuestros clientes”.
Los esfuerzos de las cuadrillas de operarios de FPL están centrados en devolver la normalidad a esos clientes, dijo la compañía.
