La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) encara no solo un recorte millonario, sino una congelación de los sobrantes de pasados eventos electorales que, para mitigar el impacto, podrían poner en peligro 300 empleos, así como la existencia de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP).
Así lo estableció el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, quien detalló que la Comisión, además de encarar un recorte de $10 millones, mantenía unas partidas de sobrantes de varios eventos electorales que ascendían a $3.9 millones y les fueron congeladas por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
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Esto, según el representante, obligaría a la agencia a hacer recortes en la nómina ascendentes a $3.9 millones, que representan 300 empleados, así como un recorte a las Juntas de Inscripción Permanente que tiene $1.2 en rentas.
De hecho, la Comisión estableció en una carta con fecha del pasado 11 de septiembre una petición a los comisionados electorales para que decidieran si transferían $2.3 millones presupuestados para empleados transitorios a la partida de puestos de confianza —lo que dejaría a 98 transitorios sin contrato a partir del 30 de este mes—, o si mantenían la partida en los puestos transitorios, pero debían determinar qué empleados de confianza cesantear. Metro obtuvo copia de una de las misivas enviada a un empleado transitorio en la que se le notificaba que su contrato, que vence el 30 de septiembre, no le sería renovado.
Por otro lado, recientemente trascendió que las 88 oficinas de las JIP debían ser mudadas para locales en los que no tuvieran que pagar rentas, como parte de los esfuerzos de la agencia para alcanzar ahorros.
Para Hernández, “los despidos en la Comisión son una prueba contundente de que el Gobierno tiene una política de despidos”.
“Con la congelación de fondos ahorrados y el recorte del presupuesto, entre una cosa y la otra le quitaron a la CEE casi un 35 % de los fondos con los que contaban para operar”, manifestó el expresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Metro intentó comunicarse con la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Norma Burgos, pero los resultados fueron infructuosos.
