SAN FRANCISCO — Seis inmigrantes traídos de niños a Estados Unidos y que ahora son maestros, estudiantes universitarios y una abogada demandaron al gobierno de Donald Trump por su decisión de eliminar un programa que les protege de deportación.
La demanda presentada el lunes en San Francisco dice que la medida viola los derechos constitucionales de inmigrantes que carecen de status legal y proveyeron información sobre sí al gobierno federal para participar en el programa.
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“Las consecuencias son potencialmente catastróficas”, dijo Jesse Gabriel, un abogado de los demandantes. “Esas personas pueden comunicar muy clara y poderosamente la magnitud a la que han organizado sus vidas alrededor de ese programa”.
La demanda se suma a otras presentadas por la decisión de Trump de terminar el programa conocido como DACA, que desde el 2012 permitió a casi 800 mil jóvenes inmigrantes obtener permisos de trabajo y quedar protegidos de deportación.
Más de una decena de estados, desde Maine hasta California, han demandado al gobierno federal por su decisión de eliminar el programa, argumentando violaciones constitucionales similares. Otro demandante es el sistema de la Universidad de California.
Gabriel dijo que el impacto de la decisión de Trump pesaba directamente en las vidas de sus representados y las decisiones que tomaron para avanzar sus carreras en Estados Unidos.
Puso el ejemplo de Dulce García, una abogada de 34 años en San Diego que vino a Estados Unidos desde México cuando tenía cuatro años. García firmó recientemente un arrendamiento de una oficina y contrató a empleados, pensando que podía quedarse y trabajar en Estados Unidos bajo el programa, dijo Gabriel.
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“Ahora, el gobierno le segó la hierba bajo los pies”, dijo.
Los otros demandantes son maestros, un estudiante de medicina y uno de derecho. Provienen de México y Tailandia.
El portavoz del Departamento de Justicia Devin O’Malley culpó al gobierno de Barack Obama por iniciar el programa y dijo que el departamento defenderá la decisión de Trump.
“Lo que nos trajo a este punto fue la decisión arbitraria del gobierno previo de evadir la autoridad del Congreso”, dijo. “El Departamento de Justicia va a defender la posición de este gobierno y restaurar el imperio de la ley”.
