SAN DIEGO (AP) — Tres grupos activistas demandaron el jueves al gobierno federal para que bloquee la construcción de un muro en la frontera con México, bajo el argumento de que el gobierno de Donald Trump se excedió de su autoridad al dispensarse de cumplir las revisiones ambientales y otras leyes.
La demanda interpuesta por el Sierra Club, Defenders of Wildlife (Defensores de la Vida Silvestre) y el Animal Legal Defense Fund (Fondo para la Defensa Legal de los Animales) pretende impedir la construcción de prototipos del muro en San Diego antes de que empiece.
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Pide también que se suspendan los planes de reemplazar la valla en San Diego y en Calexico, California.
Las afirmaciones son similares en gran medida a las de otra demanda interpuesta por otro grupo activista, el Center for Biological Diversity (Centro para la Diversidad Biológica), pero cada una de las tres organizaciones dice tener cientos de miles de miembros, lo que trae más atención y recursos a un pleito legal en torno a una de las principales promesas de Trump en su campaña.
El gobierno se ha exentado del cumplimiento de revisiones ambientales en siete ocasiones de conformidad con una ley de 2005 con el fin de agilizar la construcción de barreras fronterizas, incluidas dos ocasiones en el gobierno de Trump. Dicha ley le permite al gobierno dispensarse de decenas de leyes, incluida la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley Nacional de Política Pública Ambiental, que requiere amplias revisiones de los impactos sobre el medio ambiente.
La demanda argumenta que la autoridad para dispensarse expiró en 2008, cuando el gobierno cumplió los requisitos del Congreso para colocar barreras fronterizas adicionales.
“Un muro fronterizo impenetrable dividiría a la fauna silvestre y a su hábitat, así como a las familias y comunidades a ambos lados de la frontera”, dijo Jamie Rappaport Clark, presidenta de Defenders of Wildlife. “Dividiría y aislaría importantes paisajes del suroeste, colocando a fauna fronteriza como el borrego cimarrón, a los jaguares y a los ocelotes al borde de la extinción”.
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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no suele comentar sobre litigios pendientes, dijo su portavoz Carlos Diaz.
Recientemente, el gobierno concedió ocho contratos para la construcción de prototipos de lo que Trump llama un “muro grande y hermoso”, cada uno de hasta 9,1 metros (30 pies) de alto. Planea iniciar su construcción a fines de este año.
El mes pasado, el gobierno emitió una dispensa de las revisiones ambientales para una franja de 24 kilómetros (15 millas) de frontera en San Diego, que abarca el sitio de la construcción de los prototipos y áreas donde la valla va a ser reemplazada en una de las zonas más fortificadas de la frontera de 3.126 kilómetros (1.954 millas) de longitud.
El martes emitió una exención que se extiende cinco kilómetros (tres millas) hacia el oeste desde un cruce fronterizo en el centro de Calexico, una ciudad de 40.000 habitantes en el desierto.
Allí, el gobierno reemplazará una cerca de malla de aproximadamente 4,3 metros (14 pies) de alto, por bolardos de hasta 7,6 metros (25 pies) de altura. Tiene pensado adjudicar el contrato en noviembre y que la construcción comience en febrero.
No ha anunciado detalles específicos acerca de San Diego, pero la propuesta presupuestal de Trump para 2018 pretende reemplazar 22,4 kilómetros (14 millas) de vallas en el área, y también construir o reemplazar 96 kilómetros (60 millas) en el Valle del Rio Grande en Texas, donde se realizan la mayor cantidad de los cruces ilegales.
Los demócratas han rechazado la solicitud de 1.600 millones de dólares para llevar a cabo esos trabajos.
