El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José ‘Memo’ González Mercado, radicó una medida que busca elevar a 15 años la pena fija por el delito de escalamiento si el mismo se comete durante un estado de emergencia declarado por el gobierno, tal y como lo es el paso de una tormenta o huracán.
“Todos los años, muchos de nuestros ciudadanos se enfrentan a la difícil decisión de desalojar su residencia y dejar atrás sus pertenencias para albergarse en un refugio, cuidar sus vidas y las de sus seres queridos. Uno de los factores que provocan que esta decisión sea más complicada es la incertidumbre de la seguridad de sus pertenencias. Esto se debe a que personas inescrupulosas aprovechan las emergencias para escalar las residencias y edificios vacíos debido a que sus ocupantes decidieron refugiarse. Esta iniciativa va dirigida a disuadir aquellas personas que intenten escalar durante tiempos de crisis”, señaló el legislador por el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo.
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El proyecto de ley enmienda el Artículo 195 de la Ley 146-2012, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para establecer que ‘si el delito de escalamiento descrito en el Artículo 194 se comete en un edificio ocupado durante un estado de emergencia declarado por el Gobernador de Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos, será sancionada con una pena de reclusión fija de quince (15) años. El Tribunal podrá imponer la pena de restitución, en conjunto con la pena de reclusión. Sin embargo, se aclara que el Tribunal no tiene discreción para eliminar la pena de reclusión fija de quince (15) años, si determinase imponer la pena de restitución’.
La pasada semana municipios como San Juan, Loiza, Vieques, Culebra y Canóvanas realizaron operativos en comunidades en las que requirieron el desalojo compulsorio de sus residentes. Igualmente, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, se expresó en los medios de prensa, solicitando la cooperación de los puertorriqueños, para evitar ser desalojados por la fuerza ante el paso del poderoso huracán Irma por nuestra zona.
“Es nuestra posición que el Estado debe garantizar la seguridad de las residencias y pertenencias de aquellos que desalojan sus residencias y comercios voluntaria o involuntariamente durante un estado de emergencia. Esta Asamblea Legislativa igualmente es responsable de declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico y proveerles a los organismos de seguridad las herramientas para procesar a aquellos que la violenten. En consideración a lo anterior entendemos que se debe castigar con especial rigurosidad a quienes aprovechen las circunstancias de emergencia para cometer fechorías. Nadie se debe aprovechar de los momentos de inseguridad de nuestra gente para cometer fechorías”, añadió el también Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara.
