La senadora Zoé Laboy presentó una serie de medidas legislativas que podrían proteger y resarcir a las víctimas de delitos de las que son víctimas principalmente las mujeres.
El Proyecto del Senado 635 enmendaría la Ley que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo, a los fines de fijar la sanción por violar la misma en un mínimo de $10,000.
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“En el 1988 se determinó fijar en $3,000 la sanción mínima cuando ocurre el hostigamiento sexual en el empleo. Han transcurrido casi tres décadas desde entonces y es momento de aumentar dicha sanción, no únicamente pensando en la inflación, sino en el daño que el hostigamiento sexual produce en la víctima”, dijo Laboy, quien explicó que en la mayoría de los casos las víctimas de hostigamiento sexual tienen que lidiar con una potencial pérdida de empleo y con otras situaciones que afectan su calidad de vida.
“Esta medida es cónsona con la política pública de esta administración de cero tolerancia hacia el discrimen por género y confiamos que su mayor resultado sea que se convierta en disuasivo para aquellos o aquellas que consideren incurrir en este tipo de delito”, añadió.
En el 2014 el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos había recibido 103 querellas de hostigamiento sexual. De acuerdo con la Oficina de Administración de Tribunales, a junio 30 de 2015 quedaban 41 casos de hostigamiento sexual pendientes.
Precisamente, el ex alcalde de Guaynabo Héctor O’Neill, del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el poder, renunció al cargo ante posibles violaciones por hostigamiento sexual. Igualmente el vicepresidente de la Cámara de Representantes Pichy Torres Zamora, del PNP, está bajo evaluación de la Comisión de Etica de ese cuerpo por hostigamiento sexual, así como un director de su oficina.
Mientras, hay otros funcionarios de gobierno que podrían pasar a la lista de evaluados por hostigamiento sexual, si finalmente sus víctimas deciden querellarse. Hasta ahora no lo han hecho por temor a perder su empleo.
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Otra medida sometida, la Resolución del Senado 414, ordenar una investigación sobre el manejo de los bienes confiscados bajo la Ley 119-2011 (Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011) para determinar cuáles o qué tipos de bienes se pueden confiscar, cuán adecuado es el procedimiento, cómo se dispone de los ingresos y cómo benefician a las víctimas del crimen.
“En otras jurisdicciones los fondos similares se utilizan para compensar a víctimas. En Puerto Rico no vemos con claridad el uso que se le está dando a estos fondos y cómo podemos ayudar a las víctimas o sus familiares inmediatos. Si bien es cierto que el dinero no borra el daño a la vida, al menos puede ayudar a que estas familias alcancen una mejor calidad de vida”, dijo Laboy.
Por otra parte, también presentó el Proyecto del Senado 636 para enmendar la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y añadir una Orden de Protección de Emergencia para aquellas víctimas que por alguna razón no puedan acudir de inmediato al Tribunal para solicitarla.
La medida es para permitir que la Policía someta una orden de alejamiento de 24 horas a favor de la víctima, que incluye el desalojo del hogar de la persona que victimiza.
Igualmente la senadora presentó la Resolución del Senado 417, para garantizar que se procesen las pruebas de “rape kits”, y se notifique los resultados y se maximice las posibilidades de resolver los casos casos.
La investigación conllevaría conocer la situación actual del inventario de “rape kits” que esperan por ser examinados en el Instituto de Ciencias
Forenses y los protocolos bajo los cuales se manejan los casos de agresión sexual.
“En muchos casos el proceso de investigación de las violaciones resulta doblemente victimizante. Algunos se quedan sin resolver, sencillamente porque no se concluye con el análisis de la prueba. Este hecho, así como los estigmas sociales y culturales, propician que muchas víctimas no denuncien la agresión y, peor aún, que no reciban la ayuda que necesitan”, explicó.
