El gobernador Ricardo Rosselló aseguró que confía que el Tribunal Federal decida a favor de los trabajadores en la demanda presentada ayer por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) en la que pide implementar el recorte de la jornada laboral de los empleados públicos.
“Entendemos que la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico tienen diferencias sobre este tema, pero confío en que el foro judicial resolverá esta controversia conforme a derecho y en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Mientras tanto, nuestra administración seguirá trabajando en la implementación de medidas para facilitar la recuperación económica de la isla, además de lograr las economías necesarias y una mayor eficiencia en la operación gubernamental”, manifestó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.
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Asegura Gobierno incluyó el recorte en el plan fiscal
La demanda de la Junta se enfoca en dos medidas recomendadas por el ente creado por la Ley PROMESA: la implementación de un recorte en la jornada laboral junto con un recorte o eliminación del bono de Navidad de los empleados públicos, así como una reforma de pensiones.
En el documento de 30 páginas, la Junta expone que durante la certificación del plan fiscal enmendado el pasado 13 de marzo, el entonces representante del gobernador ante la Junta, Elías Sánchez, “no sostuvo que las dos enmiendas no fueran partes integrales del plan fiscal” por considerar que el Gobierno lograría la reserva adicional de $200 millones para no implementar las medidas antes mencionadas.
“La reforma fiscal es un proceso difícil pero necesario para Puerto Rico, y la credibilidad del plan radica en su cumplimiento. Aunque hubiéramos preferido evitar este paso, creemos que es una medida necesaria para mantener a Puerto Rico en curso con sus compromisos de reducir el gasto y establecer una base estable para su futuro económico”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta.
“La situación financiera de Puerto Rico no se deterioró de la noche a la mañana y arreglarla va a ser difícil, pero tenemos las herramientas para hacerlo. Continuaremos trabajando con el Gobierno de Puerto Rico para ejecutar el plan fiscal certificado que logre sustentabilidad financiera y mejore el bienestar económico del pueblo de Puerto Rico”, agregó Jaresko.
Finalmente, el abogado John Mudd expuso en sus redes sociales que ahora el Tribunal Federal deberá determinar si las recomendaciones son parte del plan fiscal. El experto expuso en su cuenta de Twitter @muddlaw que, a su juicio, forma parte de dicho plan y que si se decidiera así, el Gobierno deberá implementar el recorte de jornada.
