“Ya hay acciones en los tribunales contra el Gobierno de Puerto Rico por la cesantías y las movilizaciones de empleados públicos en las agencias”, dijo a Metro ayer la licenciada Ivonne Lozada, presidenta de la Asociación de Abogados Populares.
Aunque no pudo precisar cuántos casos ni el estado de estos —porque aún no se reúne con todos los letrados de la colectividad—, la abogada aseguró que todo es parte de una iniciativa del Partido Popular Democrático (PPD) para “orientar” a aquellos trabajadores impactados por varias medidas de la administración actual.
Según Lozada, la Asociación de Abogados Populares tiene miles de expertos legales. De este grupo se han asignado cerca de tres letrados por distrito senatorial que podrían ayudar a los ciudadanos que quieren objetar las transferencias entre agencias por la aplicabilidad de la Ley del Empleador Único, porque son cesanteados o porque no se les renovó el contrato.
De acuerdo con la Asociación de Abogados Populares, unos 8,000 empleados transitorios quedaron sin empleo durante el nuevo año fiscal. La queja más frecuente de estos últimos, informó a este medio la agrupación, es que no se les notificó con anterioridad que quedaron fuera de las agencias. “Quienes aún están trabajando, argumentan que son amenazados constantemente con ser despedidos”, sostuvo también la Asociación.
El anuncio de que el PPD orientará y defenderá en los Tribunales a estos empleados se da en el marco del posible despido de más de 800 trabajadores, que según comentó en los pasados días el secretario de la gobernación, William Villafañe, fueron “atornillados” y contratados contrario a lo que establece la Ley Promesa.
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De otra parte, el próximo 1 de septiembre se cumple el plazo que dio la Junta de Control Fiscal (JCF) a la administración de Ricardo Rosselló para aplicar una reducción de jornada laboral.
La JCF solicitó al Gobierno ahorrar $880 millones. El ente estimó que Rosselló logró medidas para generar $662 millones, mientras que el balance de $218 millones no está proyectado en los planes de implantación del Gobierno. Por tal razón, han solicitado la merma en la jornada laboral.
Ayer, en conferencia de prensa, Héctor Ferrer, presidente del PPD, declaró que el partido “pondrá a su disposición a nuestros abogados para defenderlos de cualquier acción que este fuera del marco legal y la justicia. Vamos a evaluar los despidos, la reducción de jornada, las transferencias irregulares de una agencia a otra y cualquier otro acto guiado por motivaciones de fanatismo político”.
Por su parte, el representante Jesús Ortiz sostuvo que el plan fiscal del gobernador, y aprobado por la JCF, ha tenido un efecto devastador en las diferentes áreas de servicios, cuyo impacto sobrepasará los $1,000 millones en un solo año.
Ferrer añadió que el modus operandi del gobernador es “jugar para las gradas”, e intenta culpar a la JCF por sus acciones. Esto, porque Rosselló en los pasados días responsabilizó al ente fiscal por la reducción de jornada laboral y porque funcionarios de su administración dejaron entrever que la JCF es quien debe ejecutar los despidos de los empleados que han calificado como “atornillados”.
¿Qué dice Fortaleza?
Este medio solicitó hablar con el secretario de asuntos públicos, Ramón Rosario, y con el secretario de la gobernación, William Villafañe, sobre este asunto, pero la solicitud no fue contestada.
En cambio, en un escueto comunicado de Fortaleza, Rosario estableció que “como parte de un análisis responsable y de sana administración pública, nuestra administración hizo su parte de identificar nombramientos en contravención de lo que dispone la Ley federal Promesa. Estos nombramientos en el año electoral se hicieron luego de ser aprobada la legislación federal y mientras la pasada administración se declaraba en quiebra para no pagar los reintegros y los suplidores, así como no enviaba las aportaciones patronales al Sistema de Retiro de los empleados públicos.
Esperamos ahora por el análisis de la JCF. Si el organismo coincide con este análisis estaríamos notificando que dichas contrataciones son ilegales a las personas pertinentes”.