Cuando el pasado 17 de julio, la jueza Delmarie Vega Lugo, de la sala de menores del Tribunal de Carolina, abrió al público y a la prensa la audiencia sobre el proceso contra la menor Alma Yarida Cruz, de 11 años, la reacción de las madres de las otras dos menores implicadas en el caso fue abogar por proteger a sus hijas.
“Cuando ellas (las menores) escucharon que podía entrar la prensa y que podía entrar el público, se descompusieron totalmente; empezaron a llorar. Nosotras como madres las sacamos de la sala, porque entendemos que hay que protegerlas tanto a ellas como a la otra menor, porque son menores”, apuntó Enid Dávila Hernández en entrevista con Metro.
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El caso se hizo público en el tribunal, luego de que Cruz, a través de su abogado, el licenciado Leonardo Aldridge, renunciara a su derecho de confidencialidad del caso. Sin embargo, no todas las partes están de acuerdo con que los rostros y nombres de las menores salgan a la luz pública.
“Si hemos protegido la identidad de nuestras hijas hasta ahora, lo vamos a seguir haciendo, y considero que la decisión que se tomó ese día fue totalmente errónea y afectó mucho a las menores”, añadió Dávila Hernández.
El ministerio público llevó la decisión de la jueza Vega Lugo hasta el Tribunal de Apelaciones, que posiblemente esta semana determine si el Tribunal de Menores erró o no en su decisión. Mientras tanto, el caso sigue paralizado, con su confidencialidad y las órdenes de mordaza vigentes.
“Proteger a nuestras menores es lo esencial aquí, porque la ley se supone que las proteja a ellas, la Ley de Menores dice que los casos de menores son confidenciales y, en este caso, todo se ha ido por otro rumbo, porque quieren hacerlo público”, expresó a Metro Jennifer Mulero Rodríguez, madre de la otra menor implicada en el caso.
A Cruz se le imputan cinco faltas menos graves: una agresión simple, dos por amenazas, y dos por alteración a la paz, por hechos que se remontan a diciembre de 2016, aunque según ha trascendido, hace más de dos años que supuestamente se venían registrando situaciones entre las menores.
“Se están hablando mentiras de nuestras hijas sobre lo que sucedió realmente. Lo que el licenciado (Aldridge) ha expresado públicamente a la prensa ha sido falso. Ha sido todo lo contrario a lo que es el caso”, indicó Mulero.
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Ambas madres rechazaron los señalamientos de que las acusaciones hacia Cruz respondan a racismo, haciendo referencia al color de piel de sus propias hijas, una trigueña y la otra de tez negra.
“Nadie sabe lo que pasó, la verdad. No puedes atacar y parcializarte con una parte cuando no sabes realmente cómo fueron las cosas, el por qué llegamos hasta un tribunal”, dijo Dávila. “Hay dos lados de la moneda y las personas se han fijado solo en una”, apuntó Mulero.
En esa misma línea reaccionó Domingo Leduc del Valle, director de la escuela Modesto Rivera Rivera en Carolina, plantel donde estaban matriculadas las menores al momento de los hechos.
“De lo que salió en la televisión, donde se me ha tildado de racista, eso es completamente falso. Yo no soy racista”, puntualizó. “Yo cumplí con lo que tenía que hacer. Cumplí con el protocolo. Yo hice mi trabajo”, añadió Leduc del Valle. El director también dijo que de la escuela “nadie salió arrestado”.
Se perpetúa el bullying
“La exposición de menores de edad al público y los medios de comunicación en medio de un proceso judicial en un tribunal puede tener repercusiones sobre ese o esa menor, incluidas las burlas o el bullying, tanto para las víctimas como para los victimarios”, aseguró Carlos A. Rivera Otero, subadministrador de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) del Departamento de la Familia.
“Como profesional del trabajo social y del comportamiento humano, considero que siempre hay que proteger la privacidad, la dignidad y la integridad de ese niño o niña que esté en cualquier proceso judicial”, expuso Rivera.
De acuerdo con el funcionario, un menor no está capacitado para manejar ciertas tensiones sociales y emocionales que quizás un adulto puede manejar cuando enfrenta un caso judicial.
“Nadie debe exponer la situación que esté pasando un niño o niña por las implicaciones sociales que eso pueda tener, porque puede ser que yo no lo conozca, pero ese niño o niña va a una escuela donde lo conocen; vive en una comunidad donde lo conocen”, apuntó Rivera.
Ese es precisamente uno de los temores de Dávila Hernández y de Mulero Rodríguez, quienes alegaron que ya han tenido que lidiar con situaciones en el plantel escolar donde están matriculadas al presente sus hijas, donde al menos un menor se acercó a las niñas, supuestamente con la intención de molestarlas por el caso que se ve en el tribunal. Ambas madres dijeron sentir temor de que sus hijas sean perseguidas si finalmente se da acceso al público y la prensa en el tribunal.
Las madres denunciaron que al menos un medio de comunicación publicó el nombre de la escuela donde están matriculadas las menores y temen que miembros de la prensa o grupos de ciudadanos que han salido en defensa de Cruz, lleguen hasta el plantel escolar.
“Están, de cierta manera, promoviendo el bullying al divulgar información”, apuntó Dávila Hernández.
“Ya las nenas están, como quien dice, identificadas. A lo mejor no han salido sus nombres y sus caritas, pero hay muchas personas que saben”, añadió Mulero Rodríguez, por su parte.
Buscan evitar el estigma
El Departamento de Justicia (DJ) defendió la confidencialidad en los casos de menores.
“Lo que se busca es proteger, tanto a la parte imputada como a las víctimas para que no sean estigmatizadas, que no aparezcan sus rostros, que en el caso del menor imputado pueda recibir unos servicios, se pueda rehabilitar, y que la gente no asocie ese rostro con el caso que está en la atención. Y en el caso de las víctimas, que no sean revictimizadas”, argumentó Carlos Rivera Santiago, procurador de menores del DJ.
Al igual que el subadminitrador de ADFAN, Rivera Santiago argumentó que la exposición pública de las menores podría hacerlas blanco de bullying, acecho o víctimas de algún delito. Pero la visión de Aldridge, el abogado de Cruz, es distinta.
“El estado de Derecho vigente en ese caso es que, según la determinación de la honorable jueza de Primera Instancia, se debe honrar el deseo de la menor para que su proceso sea público y el Departamento de Justicia no pueda trabajar en cuartos oscuros, como le gusta hacer y como lo ha hecho por tanto tiempo”, expresó el licenciado.
Pero Rivera Santiago defendió que la política pública, al día de hoy, la ley y el estado de derecho vigente establecen que los casos de menores son confidenciales, y hasta tanto Apelaciones no decida lo contrario, el caso de Cruz continuará siendo confidencial para todas las partes.
“El Departamento de Justicia lo que hace es defender la política pública establecida pro virtud de ley”, indicó el procurador.
Por otro lado, de acuerdo con Aldridge, según las faltas que pesan contra Alma, la menor podría enfrentar hasta “seis meses de cárcel”. Sin embargo, una experta en el tema aseguró que la menor no enfrentaría reclusión.
“En el caso de Alma son faltas menos graves, y esas faltas menos graves a lo que equivalen, como mucho, es a una medida condicional o nominal, que no es otra cosa que una amonestación que le hace el tribunal y le recomienda un tratamiento si lo amerita”, explicó la profesora Mayra Hernández, experta en Justicia Criminal, Derecho Penal, Procedimiento, Delincuencia Juvenil y Derecho de Menores.
Según explicó la profesora, una medida condicional equivale a una probatoria, en la que la menor continúa en la libre comunidad con unas condiciones establecidas. Estas incluirían la asistencia a programas o tratamientos de acuerdo con las necesidades de la menor, con el fin de rehabilitarla y reeducarla para corregir su conducta.
Abogado defiende hacer público el caso
Aldridge defendió en entrevista con Metro la renuncia a la confidencialidad del caso hecha por él en representación de su clienta.
¿Considera usted que hacer públicos el rostro y la información de la menor es proteger sus mejores intereses?
– Evidentemente. Si no, no lo hubiese pedido.
Independientemente de cuál sea la resolución del caso, ¿no podría esto estigmatizar a la menor el resto de su vida?
–Lo más que la puede estigmatizar es tener que ir a un tribunal acusada por el Estado por una nimiedades en las cuales el Estado ha gastado más de un millón de dólares. Eso, indudablemente, la puede estigmatizar. Nunca habría tenido que llegar al tribunal si el Departamento de Justicia no le hubiese radicado cargos por un empujón.
