La Junta de Control Fiscal (JCF) demandó al gobernador Ricardo Rosselló por dos medidas recomendadas por el ente creado por la Ley PROMESA, la implementación de un recorte en la jornada laboral junto con un recorte o eliminación del bono de navidad de los empleados públicos, así como una revisión de los sistemas públicos de pensiones.
En el documento de 30 páginas la Junta expone que durante la certificación del plan fiscal enmendado el pasado 13 de marzo, el entonces representante del gobernador ante la Junta, Elías Sánchez, “no sostuvo que las dos enmiendas no fueran partes integrales del Plan Fiscal” por considerar que el Gobierno lograría la reserva adicional de $200 millones para no implementar las medidas antes mencionadas.
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La demanda de la Junta, radicada en el Tribunal Federal, también recalca que la Ley PROMESA les provee para que se implemente el recorte de jornada.
Según las recomendaciones de la Junta, el recorte de jornada debería implantarse el 1ro de septiembre.
“La reforma fiscal es un proceso difícil pero necesario para Puerto Rico y la credibilidad del plan radica en su cumplimiento. Aunque hubiéramos preferido evitar este paso, creemos que es una medida necesaria para mantener a Puerto Rico en curso con sus compromisos de reducir el gasto y establecer una base estable para su futuro económico”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión en declaraciones escritas.
“El pasado 13 de marzo, la Junta certificó el Plan Fiscal para Puerto Rico para alcanzar casi $40,000 millones en reducción del déficit a largo plazo mediante aumentos en ingresos y medidas de ajuste al sector público, al tiempo que se comienza el difícil trabajo de reestructurar la insostenible deuda de $74,000 millones que la Isla le adeuda a sus acreedores. El plan incluye metas claras y específicas a ser monitoreadas de cerca por la Junta”, añadió Jaresko.
“La situación financiera de Puerto Rico no se deterioró de la noche a la mañana y arreglarla va a ser difícil, pero tenemos las herramientas para hacerlo. Continuaremos trabajando con el Gobierno de Puerto Rico para ejecutar el Plan Fiscal certificado que logre sustentabilidad financiera y mejore el bienestar económico del pueblo de Puerto Rico”, concluyó Jaresko.