El Partido Popular Democrático pondrá a disposición de los empleados públicos, un contingente de abogados que estarán listos para llevar ante los tribunales los casos de despidos injustificados, persecución política, traslados forzosos y cualquier otra acción ilegal que violente sus derechos como trabajadores del sector público. Así lo informó hoy el Presidente del PPD, Héctor Ferrer mientras denunciaba, en compañía del representante Jesús Manuel Ortiz, el impacto billonario de las medidas del plan fiscal del gobernador Ricardo Rosselló.
Ferrer explicó que hasta ahora, el plan fiscal del gobernador ha afectado a sobre 5 mil trabajadores transitorios que fueron despedidos, cerca de 1.6 millones de pacientes de la reforma que han sufrido las reducciones en sus cubiertas médicas, otros 50,000 estudiantes del sistema de la UPR con los aumentos en sus matrículas y recortes en el presupuesto; y ahora, con la inminente reducción de jornada laboral que podría impactar hasta a 138 mil trabajadores.
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“A esos miles de servidores públicos y sus familias que ya comenzaron a sentir la carga que le impone el plan fiscal del gobernador les digo; el PPD no los dejará solos. El Partido Popular pondrá a su disposición a nuestros abogados para defenderlos de cualquier acción que este fuera del marco legal y la justicia. Vamos a evaluar los despidos, la reducción de jornada, las transferencias irregulares de una agencia a otra y cualquier otro acto guiado por motivaciones de fanatismo político”, expreso Ferrer.
Los dirigentes populares indicaron que el gobernador Rosselló pretende hacer responsable a la Junta de Supervisión Fiscal de la nueva ola de despidos al solicitar que sea ese ente y no el gobierno el que proceda con la remoción de los empleados públicos.
“Este fracasado intento de manipulación era una clara estrategia de evitar que los jefes de agencias de su administración fueran demandados por los despidos injustificados y la persecución política, ya que la inmunidad legal que cobija a los miembros de la JSF no es extensiva a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Si el gobernador y su administración están convencidos que tienen la razón, por qué no asumen las consecuencias de sus actos. La persecución política es ilegal y el que se preste para eso tendrá que responder ante la justicia.”, indicó el Presidente del PPD.
Por su parte el Representante Jesús Manuel Ortiz sostuvo que el plan fiscal del gobernador y aprobado por la JSF ha tenido un efecto devastador en las diferentes áreas de servicios y cuyo impacto sobrepasará los $1,000 millones en un sólo año.
“Los recortes a los municipios han obligado a la reducción de jornada laboral de más de 15 mil empleados municipales en 22 municipios con un impacto económico de $31 millones. Asimismo, se despidieron más de 5 mil empleados transitorios lo que representó una merma de 100 millones de dólares en salarios y beneficios que perdieron esos empleados, otros $350 millones en servicios esenciales en los municipios como recogido de basura, mantenimiento de carreteras y atención directa a la grupos poblacionales; y, como si fuera poco, ya se inició la reducción de $100 millones en el Plan de Salud del Gobierno, especialmente en los medicamentos.”, señaló el representante popular.
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El dirigente estadolibrista acotó que en el caso de la UPR los recortes escalonados conllevarán un impacto de sobre $200 millones, otros $250 millones en los recortes de pensiones y otros $420 millones en reducciones de la jornada laboral que representará el 10% del salario de los empleados públicos.
“Todo esto es el resultado de las decisiones del gobernador Rosselló y su gobierno porque hasta el día de hoy, la Junta no ha utilizado su poder para imponer medidas sobre el gobierno de Puerto Rico. Todos y cada uno de esos recortes y los aumentos que nos esperan son parte del plan fiscal del gobernador. El país no merece tener que vivir en la incertidumbre de enterarse por sorpresa de los golpes de ese plan fiscal a los más vulnerables. A pesar de que hemos estudiado y conocemos el plan fiscal, el misterio que el gobierno mantiene sobre cierta información demuestra que hay cosas que todavía no sabemos. Emplazo al gobernador a que nos diga qué más esconde su plan fiscal. ¿Cuál es el próximo golpe? ¿Será el bono de Navidad la próxima sorpresa? Emplazo al Gobernador que se comprometa con el país a pagar el bono de navidad”, manifestó Ortiz.
