Abogados populares llevarán casos de índole laboral contra el gobierno

El presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Ríos hizo las declaraciones en forma escrita

Por Cybernews

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos anunció hoy que pondrá a disposición de los empleados público un grupo de abogados que estarán listos para llevar cualquier caso laboral ante los tribunales.

“Vamos a evaluar los despidos, la reducción de jornada, las transferencias irregulares de una agencia a otra y cualquier otro acto guiado por motivaciones de fanatismo político”, expresó Ferrer Ríos en declaraciones escritas.

Ferrer alegó que hasta ahora, el plan fiscal del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha afectado a sobre 5 mil trabajadores transitorios que fueron despedidos, cerca de 1.6 millones de pacientes de la reforma que han sufrido las reducciones en sus cubiertas médicas, otros 50,000 estudiantes del sistema de la UPR con los aumentos en sus matrículas y recortes en el presupuesto; y ahora, con la inminente reducción de jornada laboral que podría impactar hasta a 138 mil trabajadores.

Por su parte, el vicepresidente del Partido Nuevo Progresista PNP, Abel Nazario contestó  “lo que no dice el presidente del PPD es que mientras ellos no pagaban suplidores y reintegros, y dejaron de enviar los fondos de nuestros empleados públicos al Sistema de Retiro, subieron de 6,000 a 12,000 los empleados transitorios en el año electoral 2016 e hicieron más de 800 transacciones y nombramientos de empleados de carrera, luego de julio de 2016, cuando PROMESA prohibía tomar acciones que comprometieran el presupuesto. Esto último solo, tiene un impacto de $15 millones anuales”.

El gobernador Rosselló Nevares informó el pasado viernes que le solicitaría a la Junta de Control Fiscal que declarara nulo el nombramiento de alrededor de 842 empleados por parte de la pasada administración.

A esta solicitud, el presidente de la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA, José Carrión contestó que tal determinación le corresponde tomarla al gobierno y no a la Junta.

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