El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión, afirmó hoy que es una “cuestión gerencial” del gobierno el caso de los 840 empleados “atornillados” que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares quiere que despida el organismo.
En una actividad de la Asociación de Contratistas en Río Grande, Carrión se refirió a la petición de Rosselló Nevares, que busca que la JSF remueva de sus puestos a 840 empleados “atornillados” por la pasada administración del Partido Popular Democrático (PPD).
El mandatario considera “ilegales” esos nombramientos, ya que según el primer ejecutivo no se tomaron en consideración las restricciones impuestas por leyes federales.
Además, ha dicho que esas plazas perjudican las finanzas públicas y van en contra de la Ley Promesa.
Sobre la solicitud de Rosselló Nevares, el presidente de la JSF dijo que “la cuestión gerencial le corresponde al gobernador, nosotros no vamos a entrar en eso”.
Sin embargo, aclaró que de las peticiones del gobierno “se evalúa todo, de acuerdo a lo que se acordó con el plan fiscal”, tras lo cual advirtió que “si es cónsono con el plan fiscal, pues no hay problema”.
Agregó que “nosotros ya certificamos plan fiscal el 13 marzo”.