La Corte Suprema de California ratificó hoy la Proposición 66, una medida que fue aprobada por los votantes en las elecciones de noviembre pasado y que cambia a nivel estatal los procesos judiciales sobre la pena de muerte y busca acelerar las ejecuciones.
La iniciativa, entre otros aspectos, conminaba a un plazo de cinco años a las cortes para resolver las apelaciones en los casos de condena capital, pero en su fallo el Tribunal Supremo aclara que este plazo no es obligatorio.
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Con un 51% de votos la Proposición 66, patrocinada por los fiscales del estado, se impuso a una medida contraria que pretendía abolir la pena de muerte y que alcanzó el 49%. de aprobación.
Pocos días después de conocerse los resultados electorales, dos opositores de la medida presentaron una demanda argumentando que la Proposición 66 es inconstitucional, además de aludir al caos judicial que generaría resolver las apelaciones de los condenados a muerte en un plazo de cinco años.
Las asociaciones de abogados de Los Ángeles, Beverly Hills y San Francisco, y la Academia de Abogados de Apelaciones enviaron una misiva a la Corte Suprema advirtiendo sobre la inviabilidad de procesar en un lustro las apelaciones de condenas capitales.
La directiva de cinco años debe ser interpretada como “una exhortación a las partes y los tribunales para tramitar los casos con la mayor celeridad posible con justicia”, escribió la jueza del Tribunal Supremo Carol Corrigan
Actualmente, hay 380 apelaciones de penas de muerte pendientes que tras la decisión del Supremo californiano volverá a ser estudiadas.
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En California, desde 1978 tan solo 13 reos han recibido la inyección letal, el último en 2006.
Casi 750 presos esperan la ejecución en el estado dorado, 110 serían del Condado Los Ángeles.
