El representante Ángel Bulerín Ramos hizo un llamado el jueves a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, para que no cierre el Tribunal de Río Grande.
“La decisión de la Juez Presidenta deja al municipio de Río Grande, su gente, así como a los residentes de los pueblos limítrofes, huérfanos de un acceso justo y rápido al sistema de justicia de Puerto Rico. No existe ninguna razón lógica para que se cierre la Sala de Primera Instancia enRío Grande, ninguna. Hago un llamado a la Juez Presidenta para que reevalúe su decisión”, sostuvo en declaraciones escritas.
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“Este Tribunal es uno de los más activos en toda la región norte de Puerto Rico. Su sala de investigación es utilizada por personas desde Carolina hasta Naguabo que requieren una solicitud de Orden de Protección, por ejemplo, vienen a Río Grande porque esa sala está abierta las 24 horas. También aquí se ventilan muchos casos de disputas entre vecinos y familiares que, por la distancia que tendrán que viajar ahora, podrían nunca ver una sala de justicia”, añadió Bulerín Ramos.
Relató que recientemente la Administración de Tribunales mediante un escueto comunicado de prensa anunció la determinación de finalizar funciones en dicha sala judicial y señaló que era supuestmente necesario para “evitarle mayores costos a la Rama Judicial”.
De otra parte, según el expresidente de la Cámara de Representantes, Jorge Aponte Hernández, esa justificación es “incongruente a la asignación presupuestaria de los Tribunales”.
“Existe una realidad, la Junta de Control Fiscal ordenó una reducción en la Asamblea Legislativa de 13 millones de dólares, sobre los 11 millones de dólares que voluntariamente se habían hecho este año. De hecho, la Rama Legislativa se redujo su presupuesto en sobre 4 por ciento, el doble de lo requerido por la Junta. La Rama Ejecutiva recortó sobre 800 millones de dólares, sin embargo, no se tocó el presupuesto de la Rama Judicial. Tiene el mismo presupuesto operacional que el año pasado, más sin embargo alegan que no pueden pagar las operaciones de este tribunal en Río Grande”, apuntó Aponte Hernández.
El próximo 4 de octubre se supone que terminen las operaciones. Los casos serán divididos entre los tribunales de Carolina y Fajardo.
