Caso omiso fue lo que hicieron los tres últimos presidentes que la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha tenido en cuanto al salario devengado en los años que estuvieron en el cargo, puesto que todos cobraron más de lo estipulado por una certificación de la Junta de Síndicos.
La Certificación 90 1996-1997 de la extinta Junta de Síndicos, que estableció “aumentar a $105 mil el sueldo anual del presidente de la Universidad de Puerto Rico”, se ignoró a la hora de establecer el salario anual que cobrarían Celeste Freytes González, Nivia Fernández Hernández y Darrel Hillman Barrera, últimos tres presidentes de la universidad pública.
Según consta en documentos consultados por Metro, Freytes González y Fernández Hernández violaron dicha certificación al cobrar anualmente unos $108 mil dólares. Esto significa que devengaron $3 mil más de lo establecido.
Igualmente, pero por mucho más, Hillman Barrera lleva cobrando por su interinato $10,342.33 dólares al mes desde el pasado 1 de julio, lo que significa $1,309.00 dólares más que el salario con el que comenzó su corta estancia como interino. A eso, según explicó a este medio Walter Alomar Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno (JG), se le tienen que sumar $2,083.33 extra de bonificación mensual por sus grados, años de experiencia y las responsabilidades que tiene como presidente.
Por tanto, el actual presidente interino cobrará $124 mil dólares al año, $19 mil más de los reglamentados.
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Ante los hallazgos, el también abogado objetó por qué no se levantaron las mismas preguntas cuando estaban Freytes González y Fernández Hernández en el poder. “Yo no veo ninguna minuta diciendo o recalcando algún tipo de posición. A lo mejor los que estaban allá [en las pasadas juntas] ya vienen levantado eso de que se estaban pasando de $105”, comentó.
“Cuando vino el presidente Hillman, se le ha tratado como se trató anteriormente [a las presidentas]”.
Gilberto Domínguez Escalera, representante estudiantil graduado ante la junta, aclaró en entrevista con este diario que no se sabía que las expresidentas cobraban más de lo estipulado. También detalló que, a diferencia de la administración actual, los puestos de confianza de las administraciones de Freytes González y Fernández Hernández no estuvieron disponibles.
En el caso del profesor del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), Alomar Jiménez confirmó a Metro que una posible violación a la Certificación 90 no formó parte del análisis que la JG y la Oficina de Recursos Humanos hicieron a la hora de cuadrarle el salario. Sin embargo, expresó que ahora formará parte de la discusión en el cuerpo de mayor gobernanza dentro de la UPR.
“Lo que se decidió fue buscar toda la información referente a pasados presidentes, examinar la certificación y evaluar todos los beneficios marginales que se les daban a los pasados presidentes. […] Yo no he aprobado ningún aumento de salario, y Hillman no se ha autogestionado ningún aumento de salario”, aseguró el principal de la JG.
También, el salario del presidente se comparará con lo que cobran los decanos, rectores y presidentes de otras universidades. La discusión se podría tener en la próxima reunión ordinaria (18 de septiembre) o en una extraordinaria, precisó el también profesor de la Escuela de Derecho de la UPR.
El tema se trajo a colación el pasado lunes en la reunión ordinaria de la junta cuando el propio Domínguez Escalera cuestionó el supuesto aumento. Contrario a lo que Alomar Jiménez contestó al delegado estudiantil, ayer aceptó que no se basó en una certificación, sino en una “aprobación”.