Portavoces del Campamento contra las cenizas de Peñuelas denunciaron el miércoles, una supuesta escalada en la violencia contra los manifestantes que intentan paralizar el depósito de las cenizas de carbón, las cuales son depositadas por la empresa Applied Energy Systems (AES) en el vertedero de ese pueblo.
El portavoz de la organización, Víctor Alvarado Guzmán, denunció los supuestos actos de violencia que han realizado contra los manifestantes. “La Policía ha violado los derechos civiles de los manifestantes al acorralarlos y restringir su movilidad, han gritado improperios y empujado a manifestantes, han vaciado gomas de autos de activistas y periodistas que han estado en el perímetro establecido por ellos, han tirados clavos frente a los autos de los manifestantes, se han negado a tomar querellas, han disparado gases lacrimógenos dentro de las residencias de personas mayores, se han metido dentro del campamento a sacar a las personas y han realizado cerca de 100 arrestos infundados”, comentó Alvarado en declaraciones escritas.
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Por otro lado, recalcó que la responsabilidad de lo que pueda suceder en Peñuelas, tras el aumento de los actos violentos hacia los manifestantes, es del gobernador Ricardo Rosselló.
“Han vandalizado el campamento destrozando y pegando fuego a las pertenencias del campamento, plantaron bombas de gas en un perímetro custodiado por la propia policía para fabricar casos, han amenazado de muerte a varios manifestantes a través de las redes y los camioneros han comenzado una escalada de violencia con el respaldo de la policía. La policía conoce lo que está pasando y no ha tomado medidas. Nosotros no queremos mártires de esta causa. Se trata de una escalada entre los vertederos, AES y los camioneros que la policía permite contra el campamento. Si ocurriera una desgracia, la responsabilidad es del gobernador que ha dicho que en Peñuelas todo está normal. Es el momento de detener estas acciones”, dijo Alvarado.
Por su parte, el licenciado Jaime Ruberté, representante legal del campamento, denunció la espiral de violencia e intimidación dirigida a minar la militancia y la resistencia contra el depósito de las cenizas. Anunció la creación de un Tribunal del Pueblo que juzgará las acciones del gobierno.
