El Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (UCC, por sus siglas en inglés) se apuntó una a su favor ayer luego de que la jueza Judith Dein no decidiera sobre la moción para investigar la millonaria deuda del país.
La jueza Dein expuso tanto a los acreedores como a la Junta de Control Fiscal (JCF) que deberán delinear cómo harán la mencionada investigación. Las partes tienen hasta el 12 de septiembre para someter la propuesta y la jueza decidirá en aquellos puntos en los que no haya consenso.
PUBLICIDAD
“La Junta de Supervisión es libre de llevar a cabo su investigación, y la Moción solo busca la autoridad para que el Comité inicie su propia investigación”, indicaba el UCC en una moción de 39 páginas presentada el pasado 18 de agosto en el Tribunal federal, Distrito de Puerto Rico.
Durante la vista, llevada a cabo en Boston, el abogado de la Junta, Martin Bienenstock, aseguró que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. (PROMESA, por sus siglas en inglés), faculta a ese organismo a realizar la investigación de la deuda. Sin embargo, Dein no quedó convencida con el argumento de exclusividad para el estudio.
“Ganaron los acreedores”
“Ella básicamente le consiguió al comité lo que quería, sujeto a que se pusieran de acuerdo. Pero la Junta se opuso a que el comité hiciera nada y esa es la consecuencia. La Junta hoy (ayer) perdió”, opinó el abogado experto en quiebras John Mudd.
Este agregó que aunque Dein no decidió, sus expresiones favorecen a los acreedores. “Ella no hizo una decisión. [Ella] dijo claramente: ‘Yo no voy a decidir. Ustedes se van a poner de acuerdo sobre cómo lo van a hacer’”, puntualizó el abogado.
PUBLICIDAD
“A veces los jueces no deciden, pero dicen: ‘Mira, yo lo veo de esta manera. La Junta no ha empezado, no ha hecho esto, no ha hecho esto otro. Yo entiendo que se deben reunir y ponerse de acuerdo cómo lo van a hacer’. Por lo tanto, el comité de acreedores ya ganó”, agregó el experto.
Finalmente, Mudd opinó que el detalle del caso serán las objeciones que puedan presentar el Banco Popular de Puerto Rico, el Banco Santander y el Banco Gubernamental de Fomento.
