Últimos tres presidentes UPR devengaron más de lo estipulado

Por: Víctor Torres Montalvo / @motinsitepegas

Los tres últimos presidentes que la Universidad de Puerto Rico (UPR) devengaron un salario que violó la reglamentación universitaria, dado a que hicieron caso omiso a una certificación aprobada por la Junta de Síndicos.

La Certificación 90 1996-1997 de la extinta Junta de Síndicos que estableció “aumentar a $105 mil el sueldo anual del presidente de la Universidad de Puerto Rico” se ignoró a la hora de establecer el salario anual que cobrarían Celeste Freytes González, Nivia Fernández Hernández y Darrel Hillman Barrera, últimos tres presidentes de la academia pública.

Recomendados

Gobierno de Estados Unidos anuncia subvenciones para proyectos solares

Cangrejeras de Santurce se coronan campeonas del voleibol femenino

Sistema de salud de Haití se tambalea con pocas reservas, hospitales atacados y puertos cerrados

Según consta de documentos consultados por Metro, Freytes González y Fernández Hernández violaron dicha certificación al cobrar anualmente unos $108 mil dólares. Esto significa que devengaron $3 mil más de lo establecido.

Igualmente, pero por mucho más, Hillman Barrera lleva cobrando por su interinato $10,342.33 dólares al mes desde el pasado 1 de julio, lo que significa $1,309.00 dólares más que el salario con el que comenzó su corta estancia como interino. A eso, según explicó a este medio Walter Alomar Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno (JG), se le tiene que sumar $2,083.33 extra de bonificación mensual por sus grados, años de experiencia y las responsabilidades que tiene como presidente.

Por tanto, el actual presidente interino cobrará $124 mil dólares al año, $19 mil más de los reglamentado.

Según documentos consultados por este diario, otros de los beneficios que el presidente podía recibir era recibir obvenciones, otorgarle un carro o un chofer, pagar sus seguros e salud, retiro y bonos, reembolsarle los gastos de viaje, reembolsarle los gastos de representación o asignarle una vivienda oficial.

Ante los hallazgos, el también abogado objetó porqué no se levantaron las mismas preguntas cuando estaba Freytes González y Fernández Hernández en el poder. “Yo no veo ninguna minuta diciendo o recalcando algún tipo de posición. A lo mejor los que estaban allá [en las pasadas juntas] ya vienen levantado eso de que se estaban pasando de 105”, comentó.

“Cuando vino el presidente Hillman se le ha tratado como se trató anteriormente [a las presidentas]”.

Gilberto Domínguez Escalera, representante estudiantil graduado ante la junta, aclaró en entrevista con este diario que no se sabía que las expresidentas cobraban más de lo estipulado. También detalló que, a diferencia de la administración actual, los puestos de confianza de las administraciones de Freytes González y Fernández Hernández no estuvieron disponibles.

En el caso del profesor del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), Alomar Jiménez confirmó a Metro que una posible violación a la Certificación 90 no formó parte del análisis que la JG y la Oficina de Recursos Humanos hizo a la hora de cuadrarle el salario. Sin embargo, expresó que ahora formará parte de la discusión en el cuerpo de mayor gobernanza dentro de la UPR.

“Lo que se decidió fue buscar toda la información referente a pasados presidentes, examinar la certificación y evaluar todos los beneficios marginales que se le daban a los pasados presidentes. […] Yo no he aprobado ningún aumento de salario y Hillman no se ha autogestionado ningún aumento de salario”, aseguró el principal de la JG.

También, el salario del presidente se comparará con lo que cobran los decanos, rectores y presidentes de otras universidades. La discusión se podría tener en la próxima reunión ordinaria (18 de septiembre) o en una extraordinaria, precisó el también profesor de la Escuela de Derecho de la UPR.

Distinto a sus homólogos, Uroyoán Walker Ramos, expresidente antes de Freytes González, mantuvo su cobro en $105 mil anuales, según consta de la Certificación 63 2013-2014.

El tema se trajo a colación el pasado lunes en la reunión ordinaria de la junta cuando el propio Domínguez Escalera cuestionó el supuesto aumento. Contrario a lo que Alomar Jiménez contestó al delegado estudiantil, ayer aceptó que no es una certificación en lo que se basó, sino una “aprobación”.