Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 radicó hoy a través de su unión Internacional AFSCME (Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y de Condado) una demanda en el Tribunal Federal contra la Junta de Control Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico exigiendo la paralización de la reducción de jornada de los servidores públicos, un alto en los recortes en las pensiones y para detener el intento de cortar un centavo de los balances de las cuentas individuales del Sistema 2000 y Ley 3 las cuales son propiedad de los trabajadores
“Hoy radicamos este recurso legal contra la Junta de Control Fiscal exigiendo tres cosas particulares. La primera la paralización de la reducción de jornada y salario a los empleados públicos, la segunda la reducción en las pensiones y tercero que el gobierno necesita proteger el 100% de los balances de las cuentas individuales de los empleados públicos. Estas acciones implican enviar a la pobreza a los servidores públicos y a sus familias a la vez que impacta adversamente la economía de nuestro país. El recorte en las pensiones también tendrían un impacto detrimental en nuestra población envejeciente que hoy día hace malabares para sobrevivir y no ser una carga para sus familiares y/o el gobierno”, sentenció en una comunicación escrita Annette González, Presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico.
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Entre los argumentos que levanta el sindicato en la demanda están la alegada ilegalidad de las enmiendas que la Junta de Control Fiscal hizo al Plan Fiscal del Gobernador de Puerto Rico. “La Ley PROMESA solo da dos opciones para el Plan Fiscal. Estas son: la Junta aprueba el Plan del Gobierno o realiza su propio plan. Ese híbrido que realizó la Junta no es legal. Éstos no tiene el poder de enmendar el Plan del Gobierno. Lo pueden rechazar, solicitarle cambios y de no cumplir con sus exigencias realizar su propio plan fiscal”, explicó González.
Otro argumento del sindicato es que la Junta no tiene el poder de decirle al Gobierno cómo hacer sus operaciones. Sí puede determinar la cantidad de ahorros que le exige al Gobierno, pero es el Gobierno quien determina cómo hace los ajustes en su operación.
Sobre las pensiones, la unión levanta como argumentos que las enmiendas del plan son ilegales porque incluyen recortes en las pensiones y la Ley PROMESA establece que deben asegurar los fondos necesarios para cumplir con las pensiones.
Por otro lado, la unión solicita un detente al intento del Gobierno de trasladar los fondos que adquieran de la venta de activos de los Sistema de Retiro al Fondo General y que no corten ni un centavo de los balances de las cuentas individuales creadas por el Sistema 2000 y la Ley 3, ya que estas cuentas no cuentan con aportación patronal. Estos balances representan el dinero de los bolsillos de los trabajadores. “Esta acción violenta la Constitución, el derecho de recibir cada centavo de esas cuentas es propiedad de los trabajadores, apropiarse de su propiedad es ilegal e inmoral. Ese dinero le pertenece a los trabajadores.” sentenció González.
