El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, emplazó el jueves, a través de una carta al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a que se uniera a una de las demandas radicadas por el sindicato el pasado domingo, 6 de agosto en el Tribunal Federal contra la Junta de Control Fiscal (JCF).
El emplazamiento surgió luego de las repetidas declaraciones públicas del gobernador posterior a la radicación de esa demanda, declarando que no tenía la intención de cumplir con el mandato de la JCF de reducir la jornada laboral de los empleados públicos.
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“En momentos en que la Junta de Supervisión (Control) Fiscal pretende imponer sobre su gobierno determinaciones que usted ha indicado no aceptará ni acatará, creemos que sumarse a nuestro reclamo ante la Corte Federal llevaría a un mismo propósito: detener en esta etapa la implantación de las medidas que la Junta pretende imponerle a su gobierno y al pueblo que usted representa”, dijo Figueroa Jaramillo como parte de la misiva de la UTIER enviada al mandatario.
La demanda a la que UTIER insta al gobernador a unirse, reclama al Tribunal Federal que declare inconstitucional a la Junta de Control Fiscal, debido a que los nombramientos de sus miembros se realizaron con un procedimiento inusual y al margen de la Constitución de Estados Unidos.
Figueroa Jaramillo argumentó en su demanda que contrario al proceso establecido por la Constitución de ese país que establece que los nombramientos los realiza el presidente, se utilizó un mecanismo alterno que ideó el Congreso para imponer la manera en que debían seleccionarse los candidatos a esa junta, Io que violentó el proceso establecido.
Alegó con ello la UTIER que, “debido a ese quebrantamiento de la Constitución estadounidense, el proceso de nominación y nombramiento de los miembros de la JCF establecido por la Ley PROMESA violó desde el inicio clara y abiertamente la Separación de Poderes e impuso y delimitó cómo el Presidente cumpliría con su mandato constitucional, De ahí que argumenten que, por tanto, no sólo esa disposición congresional resulta inconstitucional, sino todas las nominaciones, nombramientos y demás ejecuciones que ha implantado posteriormente la JCF en Puerto Rico, las cuales la UTIER reclama que son nulas”.
