SEATTLE (AP) — La Corte Suprema del estado de Washington refrendó el jueves el llamado “impuesto a la violencia armada” de Seattle frente a un desafío legal de los grupos que defienden el derecho a portar armas de fuego.
El fallo deja a la ciudad como uno de los pocos lugares de Estados Unidos que grava la venta de armas de fuego y municiones a fin de recaudar fondos para investigar la violencia vinculada a las armas.
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Con ocho votos a favor y uno en contra, los jueces determinaron que el gravamen está dentro de los atributos de las autoridades de la ciudad y su propósito principal es recaudar dinero para el “beneficio del público”.
El impuesto entró en vigencia en 2016 y se compone de una tasa de 25 dólares por arma y dos o cinco centavos por carga de municiones, según el tipo. En su primer año de vigencia las autoridades recaudaron menos de 200.000 dólares.
El condado Cook en Illinois, que incluye a la ciudad de Chicago, es aparentemente la única otra jurisdicción que cuenta con un impuesto similar en todo Estados Unidos, según los grupos que defienden los derechos a poseer y portar armas y aquellos que abogan por su control.
La National Rifle Association y otras organizaciones que defienden dichos derechos sobre las armas, así como tiendas y clientes, presentaron el recurso legal contra el impuesto. Aseguran que, según la ley del estado, las regulaciones a las armas de fuego son competencia exclusiva del gobierno del estado. La medida de Seattle, argumentaron, es en realidad para obstaculizar la venta de armas, no un impuesto.
En su opinión en nombre de la mayoría, la juez Debra Stephens no estuvo de acuerdo.
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La ley estatal “le otorga a Seattle amplia autoridad para cobrarle impuestos a los vendedores al por menor por el privilegio de hacer negocios dentro de los límites de la ciudad”, escribió.
En 2014, Seattle se convirtió en la primera urbe del país en financiar directamente la investigación sobre la violencia relacionada con las armas, y el resultado mostró que dicha violencia le cuesta a la ciudad y al condado King 180 millones de dólares al año, dijo el concejal Tim Burgess.
Esa fue la razón por la que el concejo decidió imponer el gravamen, para ayudar a costear esos costos. Las autoridades calculan que con él se podrían recaudar hasta 500.000 dólares por año.
Entre 2006 y 2010 hubo un promedio anual de 131 muertes por armas de fuego en el condado King, según datos del mismo condado y de la oficina de Salud Pública de Seattle. Durante ese tiempo, 536 personas requirieron ser hospitalizadas por lesiones causadas por disparos.
“Es realmente decepcionante que la National Rifle Association y sus aliados siempre se opongan a estas medidas de sentido común para poner en evidencia la epidemia de la violencia con armas de fuego”, afirmó Burgess en un comunicado.
Alan Gottlieb, fundador de uno de los grupos que desafió al impuesto, la Fundación sobre la Segunda Enmienda constitucional con sede en Bellevue, dijo que el fallo judicial muestra “que los propietarios de armas deben involucrarse más en las contiendas para elegir a los magistrados que integran la Corte Suprema” del estado.
La Segunda Enmienda de la Constitución defiende los derechos a poseer y portar armas.
Al considerar que la validación del impuesto es una violación a la ley estatal, Gottlieb dijo que la Corte Suprema pone “lo políticamente correcto por encima del estado de derecho”.