La acción del Tribunal Supremo de Puerto Rico de paralizar el pleito sobre la publicación del documento presupuestario que el gobernador presentó el 30 de abril a la Junta de Control Fiscal (JCF) apunta a que el alto foro podría definir en un futuro cercano qué es y qué no es un documento público en la isla. Esto en momentos en que hay pendiente un proyecto de ley para establecer los parámetros de acceso a la información pública.
En el caso ante los tribunales, los partidos de oposición y las asociaciones periodísticas defienden el pedido de hacer pública la información por considerarlo un asunto de transparencia.
La controversia comenzó después de una demanda del senador por el Partido Popular Democrático, Eduardo Bhatia, quien solicitó al mandatario el presupuesto antes de que la JCF le impusiera sus determinaciones.
Pero La Fortaleza sostuvo que lo entregado al ente es un “borrador” cobijado por el “privilegio ejecutivo” y publicarlo revelaría datos subjetivos sobre las acciones de funcionarios públicos.
“La Ley Promesa —en su sección 202— establece que el presupuesto que debe entregar el gobernador de Puerto Rico a la JCF para su aprobación es una propuesta, no un borrador”, declaró a Metro Damaris Suárez, presidenta electa de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.
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Suárez añadió que el presupuesto que prepara el gobernador “siempre es una propuesta, porque tiene que pasar por el cedazo de la Asamblea Legislativa, según la Constitución de la isla”. Por ende, para la experimentada periodista, desde su entrega inicial es un documento público, contrario a lo que la administración de Rosselló reclama.
Igualmente, Suárez agregó que el país está a “ciegas” en medio de la crisis fiscal. Declaró que muchos no entienden la seriedad del momento histórico que vivimos, porque el Estado no es “claro” con la información.
Por su parte, el abogado experto en derecho constitucional, Carlos Ramos, señaló que “el privilegio ejecutivo” no se ha dado en esta jurisdicción y que debe verse con “escepticismo”.
Es un privilegio, añadió, que fue solicitado por el presidente Richard Nixon cuando trató de encubrir información durante el escándalo de Watergate.
Para el letrado, la jueza Lauracelis Roques, del Tribunal de San Juan, actuó adecuadamente cuando solicitó evaluar el documento en privado para entonces publicarlo, de no encontrar que afecta la gestión administrativa del gobierno. “Esperemos que ahora que el Supremo acogió el caso, confirme el derecho al acceso a la información”, concluyó Ramos.
El Supremo paralizó los procesos, pero aún no entra en los méritos sobre si acogerá el caso, como pide La Fortaleza.