Una recién firmada ley que simplifica el proceso de expropiación de aquellas estructuras declaradas estorbos públicos levantó bandera entre las comunidades, pues temen que propicie el desplazamiento de las más pobres.
A juicio de la líder comunitaria Carmen Villanueva, la ley deja abierta la definición de estorbos públicos y va más allá al facultar a los municipios a determinar si una estructura será catalogada así.
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“Nos preocupa que esto sirva para hacer gentrificación en las comunidades, sacar las comunidades pobres para construir condominios”, dijo a Metro Villanueva, quien fue presidenta de la Coalición de Líderes Comunitarios. Explicó que en otros casos sirve para que, una vez expropiada, “la estructura que se esté construyendo invada la propia privacidad de la comunidad”, lo que eventualmente obligue a la comunidad a desplazarse.
El Proyecto de la Cámara 991 enmienda la Ley de Municipios Autónomos para, según reza la medida, “expeditar y simplificar el procedimiento de disposición de propiedades que sean declaradas estorbos públicos; establecer un procedimiento de expropiación forzosa a favor de los municipios”. Tras la firma de la medida, el gobernador Ricardo Rosselló aseguró que en la expropiación forzosa “las comunidades o los particulares tendrán derecho a emitir su posición en el proceso de consulta de ubicación”.
Empero, Villanueva criticó que no se incluyera en la legislación la protección de las comunidades especiales, que debían ser consultadas. “Le están pasando por encima a lo que debe ser el proceso de participación colectiva”, expresó.
Con ella coincidió el abogado Luis Gallardo, quien ha trabajado casos sobre comunidades desplazadas, al destacar que “hay que atender el asunto de los edificios abandonados, de eso nadie está en contra, pero no se puede utilizar como excusa para desplazar comunidades”. Cuestionó que el proyecto sirva para que alcaldes desplacen comunidades desventajadas y entreguen los terrenos a desarrolladores de lujo. “No había que tocar el asunto de las protecciones para las comunidades especiales y tampoco había que tocar las expropiaciones. El mismo autor de la medida dijo que la intención no era desplazar comunidades, pero bajaron el proyecto por descargue”, expuso Gallardo.
Sin embargo, el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, David Carrasquillo, opinó que la posibilidad de desplazamiento es más bien una “percepción que hay porque hay precedentes de alcaldes que han hecho expropiaciones sin seguir los parámetros, pero no por declararlos estorbos públicos”. Manifestó que “no creo que ningún alcalde en su poder quiera quitarles casas a las personas. Si tiene un problema de abandono, uno como alcalde empieza por esas propiedades”. Aseguró que el marco legal en torno a las propiedades es complejo, por lo que “tiene que haber un marco legal que le permita al municipio meter mano; este proyecto entiendo que hace eso”.
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Reaccionan los alcaldes
La firma de la medida provocó posturas encontradas entre los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes, Rolando Ortiz y Carlos Molina, respectivamente.
Aunque ambos reconocieron que es una medida positiva para los municipios, Ortiz expuso que “se crea esa ley en que se invita a los municipios a expropiar los estorbos públicos, pero el municipio no tiene los recursos. Estamos a punto de despedir gente. Hay servicios que se dejaron de dar y aprueban un proyecto que entonces no tiene ningún tipo de utilidad”.
Molina detalló que es una medida que ofrece apertura a los municipios a hacer algo con las propiedades abandonadas por años. “No es que el municipio se va a quedar con la casa. Si el municipio le interesa la residencia, tiene que establecer el proceso completo”, aclaró.
En el caso de Arecibo, el exalcalde Lemuel Soto opinó en redes sociales que hay que estar atentos a las expropiaciones que ya el municipio tiene planificadas.
