Junta irá al tribunal para implantar reducción de jornada laboral

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, sostuvo el martes, que acudirá al tribunal para implementar la reducción de jornada laboral en la Rama Ejecutiva, esto, según una carta enviada al gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“En caso de que el Gobierno no cumpla con el programa de la reducción en la jornada de trabajo que se describe en esta carta, la Junta de Supervisión utilizará todos los medios oportunos para hacer cumplir el Plan Fiscal certificado, según lo requiere PROMESA. Esto puede incluir solicitar una determinación judicial de que la reducción en la jornada de trabajo es una parte obligatoria del Plan Fiscal y que el Gobierno carece de autoridad para no cumplirla”, dijo Carrión, tercero en la carta enviada al gobernador.

Del mismo modo, el presidente de la JCF, indicó que dicha reducción podrá ser modificada, pero no derogada.

Recomendados

Culmina el periodo para solicitar el voto ausente o voto adelantado para las primarias de junio

El universo creativo en Poli/Gráfica desafía las normas y explora las presiones existenciales

Abierto el DE a medidas ecoamigables inmediatas para lidiar con el calor

“Es la determinación de la Junta de Supervisión que la reducción en la jornada de trabajo se puede modificar pero no derogar, y el Gobierno debe planificar e implantar una reducción de la jornada de trabajo para toda la Rama Ejecutiva. La implantación de esta reducción de la jornada de trabajo debe generar ahorros netos de por lo menos 218 millones (de dólares) este año fiscal”, añadió.

La Junta estimó que, de los 880 millones de dólares en ahorros requeridos, el Gobierno presentó medidas que generarían 662 millones de dólares, mientras que el balance de 218 millones de dólares no está contemplado en los planes de implantación del Gobierno.

Para esto, Carrión, tercero, solicitó, nuevamente, que el Ejecutivo desglose los servicios esenciales, y aquellos que eliminará del gobierno.

“La Junta de Supervisión no puede acreditar ningún ahorro adicional de las medidas presentadas por el Gobierno. La deficiencia más común es la falta de detalle en los planes de implantación, lo que imposibilita que la Junta de Supervisión valide el ahorro propuesto”, sostuvo el funcionario federal.

Carrión, tercero, sostuvo que entre el Gobierno de Puerto Rico, y la JCF, se acordó previamente lograr las reducciones presupuestarias.

“Acordamos que para lograr un balance estructural y preservar la liquidez necesaria era indispensable reducir el tamaño total del Gobierno. Acordamos también que la restructuración del gobierno debía incluir una reducción en subsidios, y medidas relacionadas y no relacionadas a empleados públicos que se implantarían durante un periodo de tres años que redundaría en una reducción total de un 30 por ciento en los gastos generales del gobierno”, dijo el presidente de la JCF.