El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley varias medidas que contribuirán a la operación de un gobierno más eficiente y le brindan a los municipios más herramientas para incentivar su desarrollo económico.
Se trata del Proyecto del Senado 48, de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, que declara como política pública que los funcionarios gubernamentales con funciones de supervisión de personal deberán estar adiestrados y capacitados para el ejercicio de sus funciones.
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Asimismo, el Proyecto de la Cámara 27, de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, crea la Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico.
El primer mandatario aseguró que “esta medida reafirma que Puerto Rico está abierto para hacer negocios y permite el desarrollo del sector privado en la industria de telecomunicaciones sin la competencia desleal que provoca la intervención gubernamental en el ofrecimiento de servicios de telecomunicaciones al detal. Ello, sin impedir que instrumentalidades del Gobierno ofrezcan sus servicios a otras entidades gubernamentales y al por mayor como lo es el arrendamiento de líneas de fibra óptica a proveedores del sector privado”.
De igual forma, Rosselló Nevares impartió su firma a los proyectos del Senado 577 y 582 de la autoría del presidente senatorial. Estas medidas establecen procedimientos más ágiles y eficientes en las reclamaciones de los contribuyentes.
Mientras, el Proyecto del Senado 577 persigue que haya menos retraso en el pago de reintegros y mayor agilidad en el proceso de verificación de planillas.
“Como hemos indicado, si el contribuyente cumple, el Gobierno tiene que cumplirle. Este año es la primera vez en varios años en el que se envían todos los reintegros en la fecha que dispone la Ley”, afirmó el gobernador.
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De otro lado, el Proyecto del Senado 582 elimina las contribuciones y facilita el procedimiento administrativo sobre caudales relictos y donaciones en Puerto Rico.
El mandatario explicó que “con esta medida, promovemos justicia contributiva y agilizamos los procesos sin burocracia”.
“Estos procesos eran onerosos hasta para el Gobierno en comparación con los pocos recaudos que generaba esta contribución. Además, el proceso burocrático dispuesto era un disuasivo para el desarrollo económico que puede generar la propiedad heredada que terminaba en desuso por la cargas administrativas irrazonables”, sostuvo.
Rosselló Nevares agregó que “una de las prioridades inmediatas de nuestra Administración es reducir la burocracia gubernamental y construir un aparato gubernamental más ágil y eficiente”.
Al mismo tiempo, el gobernador anunció la firma de una serie de medidas dirigidas a hacer más eficiente el trabajo de los municipios.
El Proyecto de la Cámara 991, de la autoría del representante José “Memo” González, establece un procedimiento ágil para que los municipios puedan imponer multas y mitigar deudas de manera más efectiva en aras de recuperar los gastos de limpieza invertidos en las propiedades declaradas como estorbos públicos.
También, la medida dispone un proceso certero con parámetros claros dentro de los cuales los municipios deben operar para llevar a cabo un procedimiento de expropiación forzosa.
Este proyecto contó el voto bipartita en ambos cámaras legislativas y garantiza que las comunidades continúen siendo escuchadas como hasta el presente en situaciones de expropiación forzosa o de declaración de estorbo público.
Según el gobernador, en un procedimiento de expropiación forzosa las comunidades o los particulares tendrán derecho a emitir su posición en el proceso de consulta de ubicación. Por su parte, en el proceso de declaración de estorbo público la ciudadanía seguirá teniendo derecho a exigir una vista para oponerse a la intención de declarar una propiedad como estorbo público.
Según el mandatario, esta medida agiliza el proceso para remediar un estorbo público de forma que se pueda utilizar para el bienestar social o económico de un municipio. La medida mantiene el derecho de la ciudadanía de solicitar vista en la declaración de un estorbo público pero sin tener que duplicar el proceso cuando posteriormente un municipio decida expropiar para un fin público esa propiedad declarada como estorbo público que constituye un adefesio.
Por último, Rosselló Nevares firmó el Proyecto del Senado 576 que faculta a los municipios a establecer como deuda preferencial la deuda municipal por multas y gastos de limpieza en propiedades declaradas estorbos públicos. Además, la medida les permite a los municipios ayudar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a realizar tasaciones de propiedades muebles e inmuebles dentro de su jurisdicción sin que conlleve un aumento a la contribución establecida.
“Esta medida fue trabajada en conjunto con los alcaldes para darle herramientas para ser más eficientes y enfrentar los retos fiscales del presente”, afirmó el gobernador.
