Tribunal desestima demanda por disposición de Agremax en Peñuelas

La demanda había sido presentada por el Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa

Por Metro Puerto Rico

EC Waste y AES Puerto Rico se expresaron hoy satisfechos con la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que desestimó la demanda presentada por el Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa contra la Junta de Calidad Ambiental (JCA), EC Waste, Camioneros Inc, Peñuelas Valley Landill y AESPR.

A través de la sentencia, el Tribunal avaló los usos y la disposición del agregado manufacturado (Agremax) en el sistema de relleno sanitario que opera Peñuelas Valley Landfill en el municipio de Peñuelas.

“Nuevamente el grupo de opositores al cumplimiento de las leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico no logran probar sus alegaciones ante los tribunales. Invito al Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa a desistir en su intento de poner en riesgo la integridad del sistema de generación eléctrica de la Isla y la seguridad de los ciudadanos de la zona sur, obstruyendo con el uso de la violencia la entrada de camiones al vertedero de Peñuelas”, sostuvo Manuel Mata, presidente de AES.

Mata explicó además que el tribunal claramente establece que la Ley 40 de 2017 no prohíbe ni el depósito, ni la disposición del Agremax en el vertedero de Peñuelas.

A través de la sentencia nuevamente queda avalado el cumplimiento de AESPR en el envío de Agremax  para la solidificación de los desperdicios líquidos no peligrosos que Peñuelas Valley Landfill recibe, principalmente de la industria farmacéutica.

Mientras, EC Waste reafirmó hoy que no deben existir cuestionamientos o dudas sobre la legalidad y el cumplimiento de sus actividades relacionadas al uso y disposición del agregado manufacturado conocido como Agremax en el Peñuelas Valley Landfill.

“El Tribunal de Primera Instancia de Ponce desestimó el pasado viernes -una vez más- los reclamos de aquellos que han estado bloqueando ilegalmente nuestras actividades, tras concluir que muchos de sus argumentos ya han sido atendidos y resueltos a nuestro favor en órdenes judiciales previas, y que la Ley 40 de 2017 no cambió ese estado de derecho”, dijo Ricardo Soto, portavoz de la compañía.

“Urgimos a los ciudadanos a tomar esta nueva decisión judicial de forma seria y cumplir con su mandato. Los ataques continuos contra estas operaciones que están debidamente autorizadas solo le hacen daño a la ciudadanía en general, a la estabilidad del sistema energético, a la viabilidad a largo plazo de otras actividades industriales y a la recuperación económica de Puerto Rico”, concluyó el portavoz.

Vea la decisión.

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