La decisión de la entidad de control federal al Ejecutivo de Puerto Rico de reducir la jornada laboral para los funcionarios, rechazada por el Gobierno, ha provocado un enfrentamiento institucional en plena crisis económica.
La disputa entre el Ejecutivo que lidera Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), una entidad resultado de una ley aprobada por el Congreso en Washington en 2016 para abordar el problema de una deuda impagable, abre a partir de hoy un escenario con desenlace incierto.
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El enfrentamiento institucional se desató el viernes después de que la directora de la JSF, Natalie Jaresko, anunciara durante la novena reunión de la entidad que fue aprobada una reducción de jornada laboral de 2 días al mes para la mayoría de los empleados públicos, excluidos los agentes de la Policía, para conseguir un ahorro de 218 millones de dólares.
La razón para tomar esa decisión, que cuenta con amplio rechazo popular, fue que el Gobierno no cumplió con el plan fiscal aprobado en marzo pasado, un documento guía para los presupuestos de la próxima década y la política financiera del Ejecutivo.
Jaresko anunció que la medida será efectiva a partir del 1 de septiembre y que estará activa hasta que se consiga alcanzar el objetivo de ahorro de 218 millones de dólares.
El temido recorte de la paga de Navidad para los empleados públicos todavía no ha sido mencionado, aunque Jaresko dejó saber que se trata de una medida que no está descartada.
La posibilidad de protestas y manifestaciones ya fue apuntada, aunque el que hoy sea fin de semana y que el anuncio haya coincidido con parte de la población todavía de vacaciones ha contribuido a amortiguar el descontento.
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Rosselló, horas después del anuncio, se dirigió al país para anunciar que no acatará la medida y que ha cursado las correspondientes cartas al presidente estadounidense, Donald Trump, y al presidente de la Cámara de Representantes federal, Paul Ryan, para informar que no implementará la medida.
El gobernador asegura que no va hacerlo porque se ha cumplido con las medidas financieras exigidas, hay liquidez suficiente en las arcas públicas y, además, se trata de una medida que perjudicará a una maltrecha economía que lleva más de una década sumida en una profunda crisis económica.
La patronal y otras organizaciones sociales se han puesto del lado del Gobierno y han denunciado que se trata de una medida que estrangulará la economía local, por la sencilla razón de que dejarán de circular millones de dólares en un momento en el que lo que hace falta es reactivar una economía en caída libre.
La decisión de la JSF coincidió con la publicación de los datos del Índice de Actividad Económica (IAE) de junio, que confirmaron que continúa una caída que no parece tener fin.
Ese índice se corresponde con datos de empleo asalariado no agrícola, ventas de cemento, consumo de gasolina y la generación de electricidad, por lo que es un perfecto termómetro para conocer a salud de la economía local.
Aunque la oposición se ha solidarizado con el Ejecutivo, también líderes de los opositores Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) han aprovechado para recriminarle a Rosselló que deje de lado el “teatro”, ya que la reducción de jornada es una medida contemplada en el documento que entregó a la entidad de control como guía de la política económica de su Gobierno.
Los representantes de Puerto Rico en la Convención de la Federación Nacional de la Juventud Republicana de Estados Unidos rechazaron hoy en un comunicado la decisión de la JSF.
Las miradas están puestas ahora en Washington como posible mediador, aunque el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, dejó claro que la reducción de jornada forma parte del plan fiscal certificado, el cual fue acordado hace tiempo con el Gobierno.
