La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que maneja las finanzas del gobierno de Puerto Rico bajo la Ley Promesa, comenzó en la mañana de hoy su novena reunión, en la que podría determinar una reducción del horario laboral, lo que es criticado por el gobierno.
La JSF celebra en el hotel El Conquistador su quinta reunión pública en Puerto Rico y en ella se considerará la aprobación de minutas de la reunión del 30 de junio, el informe del presidente del organismo, asuntos administrativos, así como la presentación, comentario público y consideración para la certificación del plan fiscal.
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También se llevará a cabo una discusión de la reforma de pensiones y de las medidas de ajuste del gobierno al plan fiscal, entre ellas la reducción a la jornada laboral.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se anticipó ayer a la más probable decisión de la JSF sobre una reducción de la jornada laboral y desafió al organismo al afirmar que “el gobierno electo va a tomar las decisiones de política publica”.
En una conferencia de prensa en La Fortaleza, el mandatario sostuvo que la JSF “no tiene facultad para imponer una medida como esta”, en referencia a la Sección 205(a) de la Ley Promesa sobre los alcances de los poderes del organismo que maneja las finanzas del gobierno de Puerto Rico.
El primer ejecutivo insistió, una vez más, que “no es necesaria la reducción de la jornada laboral”.
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A su vez, reiteró que, a la luz de la Ley Promesa, “el gobernador puede rechazar o establecer esa medida, que estaba establecida como contingencia a los problemas de liquidez, de problemas en la caja”.
Al respecto, dijo que la situación actual de la liquidez “está muy por encima de las expectativas del plan fiscal. Y si estamos por encima, ¿por qué entonces se va a estar implementando la reducción?”.
“Ya hemos demostrado que tenemos dinero en caja, hemos hablado de la Sección 205(a) y también del impacto negativo en la economía si se reduce la jornada laboral, que sería, en los próximos dos años fiscales, de más de 600 millones de dólares”, informó.
Luego, Rosselló Nevares se reafirmó: “Queremos establecer claramente al pueblo de Puerto Rico que por virtud de Promesa no se puede de manera unilateral establecer una medida como esa. Nosotros pasamos por encima de las expectativas de liquidez, por lo tanto hay cero necesidad”.
Acto seguido, desafió a la JSF al indicar que “el gobierno electo va a tomar las decisiones de política pública. Esto no es una junta de control, sino de supervisión. La política publica la decide el gobierno de Puerto Rico”.
La JSF no sólo podría establecer una reducción de la jornada laboral, sino que ya anunció también su intención de comenzar una investigación “amplia” de la deuda de Puerto Rico y su relación con la crisis fiscal.
Según la JSF, la investigación incluirá análisis de la crisis fiscal y sus contribuyentes, así como un examen de la deuda de Puerto Rico y su emisión, incluyendo las prácticas de divulgación y ventas.
El organismo indicó en declaraciones escritas que la pesquisa se da conforme a la autoridad que le fue otorgada por el Congreso y el presidente de EEUU bajo la Ley Promesa.
La JSF propuso la creación de un comité especial con el propósito de nombrar un investigador independiente para llevar a cabo la pesquisa.
El organismo que maneja las finanzas de la isla adelantó que hará públicos sus hallazgos.
