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Senadora radica moción sobre pensiones ante jueza Taylor Swain

El trámite busca frenar las intenciones del gobernador Ricardo Rosselló de aprobar un proyecto sobre el sistema de retiro de los empleados públicos

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La senadora Rossana López León radicó una “moción urgente” ante la juez federal Laura Taylor Swain. El trámite busca frenar las intenciones del gobernador Ricardo Rosselló, de poner en riesgo los fondos de los pensionados de Puerto Rico con el Proyecto del Senado 603. El mismo fue radicado en el Tribunal Federal de San Juan en la noche de ayer.

“Colocar el dinero de los pensionados en el fondo general, mientras vende los pocos activos que le quedan a los Sistemas de Retiro va a causar dos problemas. Primero, ese dinero en el fondo general queda expuesto a demandas y otras gestiones de cobro por parte de bonistas y acreedores del gobierno. Y segundo, que una vez vendidas todas las fuentes de ingresos de estos sistemas, se van a quedar sin flujo de efectivo”, denunció López León, quien también es exprocuradora de las personas de edad avanzada.

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Amparada en “potenciales consideraciones constitucionales” y con una amplia exposición de la jurisprudencia aplicable, la moción destaca que el Proyecto del Senado 603 necesita análisis por parte del Tribunal Federal porque violaría los procesos de administración de fondos y activos de los Sistemas de Retiro y la misma Ley PROMESA, reza un comunicado enviado por la senado.

“Aparte de colocar en riesgo los fondos y los activos de los pensionados, el gobernador Ricardo Rosselló, está alterando un sistema transparente de administración y los valores reales de estos. PROMESA, en su artículo 306(b) especifica que todas las propiedades del estado quedan bajo la jurisdicción de la corte de distrito. Partiendo de esa premisa es que hago el llamado a la jueza Taylor Swain para que se exprese al respecto de estas acciones que solo actúan en detrimento de las propiedades de nuestros pensionados”, sentenció.

Entre otras consideraciones la senadora expone que los activos pudieran venderse a un precios sumamente bajos y a expensas de un comité que responde a los intereses del gobernador y no al mejor bienestar de los pensionados. Por otra parte, indicó que hasta ahora no se han hecho públicos los informes actuariales como establece PROMESA en su sección 211. La demanda fue radicada en el sistema de electrónico de radicación de la Corte Federal en San Juan, Puerto Rico, por el licenciado Jorge Martínez Luciano del bufete legal ML&RW y queda a la espera de las primeras declaraciones de la jueza Taylor Swain.

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