En medio de varias controversias sobre violencia sexual que han empañado la imagen de la Legislatura y varias alcaldías del país, el gobernador Ricardo Rosselló firmó hoy cuatro medidas que “beneficiaran” a la mujer.
Entre estas, el Proyecto de la Cámara 1073, que solicitaría a las compañías que quieran entrar al Registro Único de Licitadores demostrar y certificar que cumplen con una política laboral de equidad salarial por razón de sexo; y que cuentan con un proceso de autoevaluación para eliminar las diferencias salariales basadas en el sexo de la persona.
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Según el gobernador, la medida establece que el Departamento del Trabajo desarrollará los parámetros para que se pueda ejecutar. Rosselló agregó que la nueva Ley le da potestad al director de la Administración de Servicios Generales para que penalice a las empresas que ya ofrecen servicios al Estado y se nieguen a cumplir con la política pública hoy aprobada. No acatarla sería un delito menos grave con un mínimo de $1,000 de multa y el licitador sería removido del registro.
“Estamos estableciendo como política pública del gobierno que si usted no tiene una política clara de igual paga por igual empleo, que si usted no está haciendo las correcciones apropiadas, usted no recibirá contrataciones del Gobierno”, afirmó hoy el primer ejecutivo.
De otra parte, el mandatario también dio paso a un proyecto de la autoría del senador Carmelo Ríos, actual aspirante a la alcaldía de Guaynabo, que crea un Registro de personas convictas por violaciones a la Ley 54, que contendrá la identidad y otras circunstancias personales de toda persona convicta por un delito de violencia doméstica.
El ciudadano estará en el registro por siete años, tiempo que, de acuerdo con Ríos, es suficiente para que una persona se rehabilite.
“El que cometa un acto y sea convicto va a estar expuesto, el resto de la sociedad tendrá las herramientas para saber lo ocurrido y será un componente disuasivo”, dijo el gobernador al respecto.
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A preguntas de la prensa, el senador Ríos hizo hincapié que la página web que tendrá la información de quienes violen la Ley 54 solo será para “convictos”. De esta forma, aquellos acusados como el exalcalde de Guaynabo, Héctor O’neill y quien también apoya la candidatura del senador, no aparecerán en el mismo.
“No quiero mezclar una cosa con la otra. Aquí estamos hablando de convicciones. Las convicciones son porque hay un procedimiento, una maquinaria judicial que se activa […] Al final, el sistema de justicia, del cual yo estoy de acuerdo que es el mejor que tenemos, pasa prueba y toma una determinación”, sostuvo el aspirante a la silla municipal.
Otra medida firmada por Rosselló fue el Proyecto del Senado 32, que tiene el propósito de crear el Programa Mujeres Agricultoras en el Departamento de Agricultura, para proveer orientación, talleres, instrumentos y financiamientos a las féminas que estén interesadas en dicha actividad económica.
En la isla, detalló, solo un 8.8% de los agricultores son mujeres. Esta pieza fue de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
Finalmente, el primer ejecutivo avaló el Proyecto de la Cámara 405, de la autoría de Yashira Lebrón, que brindaría mayores salvaguardas a potenciales víctimas de violencia doméstica. La Ley obliga a que se notifique en 24 horas a la peticionaria de una orden de protección por violencia doméstica el diligenciamiento de la misma al alegado agresor.
“Las víctimas estaban desprotegidas por un plazo. Ahora por Ley no pueden pasar 24 horas y se tiene que efectuar esto”, concluyó Rosselló.
