El juzgado 801 está casi vacío cuando llegó Bobby Hines, esposado.
Hace más de 27 años, Hines enfrentó a un juez para responder a la acusación de haber participado en el asesinato de un amigo que le debía dinero por una venta de drogas. Tenía solo 15 años y acababa de terminar el octavo grado. El disparo que mató a James Warren, de 21 años, lo hizo otro adolescente. Pero Hines dijo algo tipo “dispárale” y eso selló su suerte: Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidades de libertad bajo palabra.
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La condena fue emitida en una era en la que muchos estados, temerosos de adolescentes sanguinarios, adoptaron leyes que castigaban a los menores de edad como si fuesen adultos, lo que dejó a Estados Unidos como un paria a nivel internacional en ese terreno.
Cinco años atrás, no obstante, la Corte Suprema prohibió las condenas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra para los menores acusados de asesinato. Y el año pasado dijo que ese dictamen abarcaba a los más de 2.000 menores que cumplen sentencias de por vida.
Las puertas de las prisiones, sin embargo, no se les han abierto a esos reclusos.
Una investigación de la Associated Press en los 50 estados del país reveló que la incertidumbre y la oposición a la reconsideración de estas condenas dieron paso a una variedad de respuestas, sin que haya unidad de criterio.
Las familias de muchas víctimas, por de pronto, quieren asegurarse de que los reclusos siguen presos. “Fueron juzgados como indica la ley”, afirmó Candy Cheatham, cuyo padre fue asesinado por un muchacho de 14 años, Evan Miller, preso en Alabama y cuyo caso motivó la intervención de la Corte Suprema en el 2012. “Salirse con esto y hacer que las familias de las víctimas revivan todo es cruel e inusual”.
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El procurador del estado donde se encuentra Hines se ha mostrado proclive a darle una oportunidad a los reos presos de por vida tras cometer asesinatos siendo menores. Hines, quien hoy tiene 43 años, agacha la cabeza cuando la hermana de la víctima, Valencia Warren Gibbs, habla ante el juez.
“Quiero que salga”, afirma. “Quiero darle la oportunidad que él mismo no se dio… ese día”.
El fallo de la Corte Suprema del año pasado fue el cuarto en el que se dijo que la pena máxima es cruel e inusual cuando se aplica a menores. Los jueces mencionan investigaciones según las cuales los cerebros de los adolescentes todavía se están desarrollando, lo que los hace susceptibles a seguir a los demás, sin medir las consecuencias de sus actos.
Las autoridades de los estados con más casos de menores condenados a cadena perpetua obligatoria dicen que el fallo de la Corte Suprema no se aplica en forma retroactiva. La investigación de la AP comprobó que muchos están cambiando la perspectiva, mientras que otros se mantienen firmes. Algunos han reconsiderado las sentencias y liberado incluso a varios reos. Otros se resisten.
“Está tomando mucho tiempo hacerle entender a jueces y fiscales que las órdenes de la Corte Suprema no son de cumplimiento opcional”, expresó John O’Hair, que supervisó la condena de 90 menores a cadena perpetua cuando era procurador del condado de Wayne en Michigan y ahora cuestiona la respuesta de las autoridades en su estado.
Pensilvania ha reconsiderado las condenas de 100 de sus 517 reos sentenciados a cadena perpetua siendo menores, y ha excarcelado a 58. Las autoridades dicen que esperan revisar todos los casos en un plazo máximo de tres años. A solo dos reclusos se les confirmó la condena a cadena perpetua sin libertad condicional, un castigo reservado a los reos que “exhiben una depravación tan irrecuperable que la rehabilitación es imposible”.
Los fiscales de Michigan, en cambio, quieren confirmar las condenas de por vida, sin libertad bajo palabra, a 236 de 363 reclusos sentenciados a cadena perpetua siendo menores.
Elizabeth Calfin, de Human Rights Watch, dice que “nadie que sea honesto respecto a lo que está sucediendo en los tribunales de Estados Unidos puede decir ‘sí, el sistema ha seleccionado a lo peor de lo peor’”.
Los legisladores de Luisiana debatieron durante dos sesiones qué hacer con 303 reos condenados a cadena perpetua siendo menores y los fiscales se opusieron a la prohibición de la libertad bajo palabra. En junio la legislatura estatal dispuso que estos reclusos pueden ser excarcelados después de cumplir 25 años en prisión, pero se reservó a los fiscales el derecho a pedir que no haya libertad bajo palabra.
Otros 13 estados aprobaron leyes que prohíben la libertad bajo palabra para estos reos desde el 2012.
Si bien varios estados han tomado medidas para permitir que se conceda la libertad bajo palabra a estos reclusos, los tribunales rara vez la conceden. En Missouri, por ejemplo, la junta que considera estos pedidos rechazó 20 de 23 solicitudes de excarcelación, según el MacArthur Justice Center, que radicó una demanda.
La AP comprobó asimismo que numerosos reclusos condenados a cadena perpetua siendo menores rechazaron acuerdos por los cuales ya hubieran sido excarcelados. Uno de ellos es Kempis Songster, quien tenía 15 años cuando junto con otros pandilleros mató a puñaladas a un hombre.
“Ves a todos estos chicos y piensas, ‘un momentito…’”, expresó Jack McMahon, quien siendo fiscal le ofreció a Songster un acuerdo por el cual hubiera quedado libre en ocho años. Songster fue condenado nuevamente a 30 años hace poco, con lo que podría ser liberado bajo palabra en septiembre.
En la vista en que se reconsideró la sentencia de Hines en marzo, el juez lo condenó a un mínimo de 27 años, despejando el camino para su liberación casi inmediata bajo palabra. Será excarcelado el 12 de septiembre.
“Sé lo que no voy a hacer”, manifestó. “Meterme en líos”.
