CARACAS (AP) — La elección de una Asamblea Constituyente que daría poderes ilimitados al gobierno socialista de Venezuela desató rechazo dentro y fuera del país sudamericano, además de la imposición de sanciones económicas al presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Sin embargo, Maduro dijo en la noche del lunes que no tiene ninguna intención de cambiar sus planes de redactar una nueva carta magna y acusó a Colombia de enviar hombres armados para sabotear los comicios en zonas fronterizas como parte de una conspiración internacional encabezada por el presidente Donald Trump.
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Las sanciones anunciadas el mismo día por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contemplan la congelación de activos del mandatario venezolano en territorio estadounidense
“No me intimidan las amenazas y sanciones del imperio, no me intimida nada en este mundo”, dijo el mandatario venezolano en un acto en la sede del organismo electoral. Asimismo, afirmó que la sanción en su contra expresa la “impotencia” y “desesperación” del “magnate que es emperador de los Estados Unidos” al ver que no recibe órdenes de nadie.
Avivando algunos temores de que la Asamblea Constituyente sería usada por Maduro para consolidar su control sobre otros poderes, el gobernante advirtió en la víspera que la Constituyente incidirá en los sectores adversos al gobierno y entre sus primeras tareas estaría la reestructuración del Ministerio Público, lo que hace prever la inminente salida de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien se convirtió en líder de un creciente movimiento disidente.
Ortega Díaz, antes cercana al oficialismo, desconoció la elección y consideró que es parte de “una ambición dictatorial”. Asimismo, descartó que vaya abandonar su cargo y sostuvo que Maduro ordenó la reestructuración del Ministerio Público porque ella es “incómoda” para los funcionarios involucrados en corrupción.
Ocho millones de venezolanos participaron en la elección de los delegados de la Asamblea Constituyente, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. El nivel de participación, sin embargo, fue objetado por la coalición opositora que sostiene que sólo unos tres millones de electores intervinieron en el proceso.
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La fiscal dijo que ordenó el inicio de una investigación penal ante las amenazas que recibieron algunos funcionarios públicos y beneficiarios de programas estatales sobre posibles represalias sino participaban en la elección de los constituyentes, e indicó que está evaluando acudir a instancias internacionales para denunciar los casos.
Agregó que el Ministerio Público tiene abiertas 36.124 investigaciones por corrupción, y que uno de los casos que más le preocupa son los contratos con la constructora brasileña Odebrecht, que implicaron erogaciones por 30.000 millones de dólares para once obras que están inconclusas.
La coalición opositora convocó a nuevas manifestaciones el lunes mientras que el presidente del Congreso y dirigente opositor Julios Borges descartó la posibilidad de un diálogo con la Asamblea Constituyente y advirtió que la oposición mantendrá las protestas hasta lograr “elecciones libres” y un “cambio de gobierno”.
En una entrevista con el canal de noticias Globovisión Borges sostuvo que el Congreso —de mayoría opositora— seguirá sesionando a pesar de amenaza del constituyente electo Diosdado Cabello de que la Asamblea Constituyente operará desde el palacio legislativo.
Por su parte, el presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó que la Asamblea Constituyente arranca con problemas de “legitimidad” debido a que la elección de sus 545 delegados se dio sin cumplir las “condiciones constitucionales” y “condiciones democráticas”, lo que hace prever que enfrentará dificultades para operar y lograr reconocimiento local e internacional.
Sobre las medidas que adelantó Maduro, León dijo a la emisora local Éxitos que evidencian la decisión del gobierno de ir a una “radicalización total”.
El analista planteó que Maduro decidió recurrir al camino que han tomado otros gobierno radicales de “unificarse contra un enemigo externo” y tratar de “atemorizar a cualquier enemigo interno” para poder sostenerse pese a la crisis.
Maduro enfrenta la crisis en medio de deterioro de su popularidad, que ronda 17,4% según una encuesta de julio de Datanálisis.
Venezuela enfrenta la tensión política en medio de una compleja situación económica con una inflación de tres dígitos, una severa escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos y una contracción que el Fondo Monetario Internacional estima que podría alcanzar este año 12%.
