En una reunión relámpago, la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó un Plan Fiscal con el aval de los cinco miembros que fueron nombrados por el gobernador Ricardo Rosselló a dicho cuerpo. Por el contrario, los estudiantes Gilberto Domínguez y Efraín Rodríguez, así como los claustrales Gloria Butrón y Alan Rodríguez votaron en contra.
Entre las medidas que contempla el documento que será elevado a la Junta de Control Fiscal (JCF), están un aumento de matrícula para todos los estudiantes de la institución, a partir del año 2018, si las medidas de recortes, control de gastos y de allegar fondos al presupuesto universitario no rinden frutos para continuar las operaciones del sistema.
Los costos de estudio para un alumno de bachillerato aumentarían de $56 a $115 por crédito; el crédito para estudiantes graduados subiría de $140 a $270.
Se proyecta, según Norberto González, director de la Oficina de Finanzas de la UPR, que se generen unos $101 millones adicionales por concepto del aumento de matrícula. Empero, de ese dinero, mencionó Alejandro Camporreale – quien representa a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF) – se utilizarán $50 millones para crear un fondo de becas que ayudarán a los estudiantes de menor ingreso a pagar sus estudios.
El cómputo para este subsidio, se comentó en la reunión, se realizará a partir de la información que provean los estudiantes al llenar las ayudantías económicas federales (Fasfa). Para aquellos que detallen mayor necesidad económica la UPR le proveerá hasta un 70% de fondos para cubrir el aumento. Sin embargo, el plan fiscal destaca que, de no cumplirse las proyecciones de ingresos, para el 2023 se aumentará el costo de matrícula en un 20%.
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El documento también plantea un alza en los cargos y cuotas de laboratorio, ID de estudiantes, transcripción de créditos, graduación y otros, esto luego de hacer una comparativa con los costos de varias universidades privadas. Mientras, incluye nuevos costos a servicios como bajas parciales, bajas totales de clases y la repetición de cursos.
De acuerdo a González, las medidas de ahorros descansan en una disminución proyectada de un 2% de nómina por empleados que se retirarían, una merma de un 20% en los puestos de confianza, la reducción de empleados temporeros y los recortes al plan médico y bono de Navidad.
Asimismo, Zoraída Buxó, vicepresidenta de la JG, dijo que se reducirían las exenciones de matrícula a estudiantes en un 25%, aunque aún no se sabe cómo se distribuirá entre los recintos esta merma.
Consolidación de recintos
El plan fiscal aprobado ayer describe una nueva estructura universitaria, en la que serían fusionados administrativamente las unidades de Carolina y Bayamón en el Recinto de Río Piedras, Humacao y Ponce se en Cayey, Aguadilla, Arecibo y Utuado serían absorbidos por Mayagüez y el Recinto de Ciencias Médicas operaría solo.
José Estrada, director asociado de presupuesto, explicó a Metro que los puestos administrativos que ocupan los docentes, como los decanatos, se reducirían para que vuelvan a la cátedra.
¿Un plan fiscal a oscuras?
A cuestionamientos de Metro, medio que preguntó en más de una ocasión a la oficina del presidente de la UPR sobre el plan fiscal, Darrel Hillman, presidente de la institución, comentó “quizás no hablé tanto del plan, se estaba trabajando, pero estaba paso a paso para mover la universidad”.
“Nosotros estamos moviendo la universidad, estamos moviendo la rueda poco a poco”, agregó