La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció que se propone demandar en el tribunal estatal y en el federal al gobierno de Puerto Rico si se aprueba en la sesión extraordinaria convocada para el lunes un proyecto de ley de la administración que confiscará a los municipios parte de sus depósitos en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
“Los municipios hemos recibido el intento más reciente del gobierno central de atropellar, abusar y quitarle a los municipios los recursos necesarios para los servicios públicos esenciales que tenemos que dar”, denunció la alcaldesa en rueda de prensa en el coliseo Roberto Clemente junto al representante Luis Vega Ramos y al presidente de la Legislatura Municipal, Marco A. Rigau.
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La medida legislativa, a la que se refirió como A47, despojará a los municipios, además de parte de su dinero en el BGF, del derecho a recurrir a los tribunales, lo que consideró una acción dictatorial con el propósito de impedir que el municipio de San Juan no reclame los millones de dólares retenidos.
Apuntó que el presidente del BGF, Christian Sobrino, reconoce ahora que existe el dinero que reclama San Juan, pero que se propone confiscar parte para que el gobierno central cumpla con los acreedores.
“Christian Sobrino ha dicho que el dinero no está, y si el dinero no está, y si no estaba, ahora cómo lo van a pagar. El sobrante del CAE, una candidad con la que nosotros no estamos de acuerdo, una cantidad de 6.4 millones, sin contar con el año 2017, que según una carta es de 40 millones de dólares”, describió la ejecutiva de la capital.
La alcaldesa Cruz Soto alertó a los demás municipios para que se unan con el fin de evitar que el gobierno central se apropie de los dineros que se destinan a servicios a los ciudadanos.
Expuso que mientras se ha dicho que los números de San Juan no son correctos, se realiza “un diseño para quedarse, apropiarse, incautar los dineros de la gente de los municipios”.
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“(La medida) autoriza la transferencia de ciertos activos del BGF a la AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), crea un fideicomiso adicional al que ya está creado para proteger el dinero de los municipios, crea el gravamen estatutario que garantiza dichos bonos, recalcular ciertas obligaciones municipales, qué es lo que hay que recalcular y como lo van a recalcular, y no va a ser para beneficio de los municipios”, elaboró Cruz Soto.
Vega Ramos y Rigau, ambos abogados, ven visos de inconstitucionalidad en la medida que se propone aprobar la Asamblea Legislativa por lo que justificaron recurrir a los tribunales luego de ser sancionada.
