La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, emplazó hoy, viernes al comentarista político Jay Fonseca a explicar los intereses particulares que él tenga para acusarla falsamente durante las pasadas dos semanas en varias plataformas de comunicación de pretender desalojar comunidades completas allí.
“Ni soy la autora del Proyecto de la Cámara 991, como falsamente me atribuye el licenciado Jay Fonseca, ni planifico desalojar ninguna comunidad”, afirmó enfáticamente Soto Villanueva. “Es Jay Fonseca quien debe explicar los intereses que pueda tener como abogado para atacarme viciosamente”.
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La alcaldesa expresó que el referido proyecto es de la autoría del representante por los Distritos Representativos de Arecibo y Hatillo José O. ‘Memo’ González Mercado.
La también vicepresidenta de la Federación se desligó de los trámites para la radicación del proyecto aunque reconoció que el mismo alivia la carga económica de los municipios en el mantenimiento y limpieza de estructuras o cualquier propiedad inmueble en deterioro considerado estorbo público.
Soto Villanueva sostuvo que han sido los propios residentes de Canóvanas quienes se querellan de los problemas ocasionados por estructuras abandonadas, tales como ser utilizadas como refugios de criminales fugitivos, almacenamiento de drogas ilícitas, vertederos clandestinos, nidos de ratas, albergues de caballos robados y lugares para ejercer la prostitución o usados por menores para tener relaciones sexuales.
“¿Qué de malo tiene convertir algo inservible en un lugar habitable?”, planteó la alcaldesa retóricamente en referencia al ataque infundado de Fonseca. “El Municipio de Canóvanas tiene ahora que enviar sus brigadas todos los meses a limpiar los patios y alrededores de estructuras abandonadas cuyos dueños no aparecen. ¿Quién paga por eso?”.
Añadió que el referido proyecto reduce de seis meses a 60 días el periodo en que todos los Municipios tendrían que incurrir en los referidos gastos y aumenta la cuantía de las multas a los propietarios que a sabiendas evaden su responsabilidad.
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Destacó que existen estructuras abandonadas en el casco urbano de Canóvanas que podrían convertirse en habitables para ofrecer en cada una tres unidades de viviendas para familias necesitadas.
La funcionaria reconoció que la ley vigente establece que debe ser un municipio o una entidad gubernamental la encargada de expropiar un estorbo público y el referido proyecto de ley pendiente de la firma del gobernador Ricardo Rosselló Nevares permite hacerlo mediante una alianza público-privada. Sin embargo, destacó los costos que esto conlleva al presente para los municipios en medio de la crisis económica que atraviesan.
Soto Villanueva aseguró estar desconcertada por las motivaciones de Fonseca para atacarla a ella usando como arma el referido proyecto y mencionó que el único origen que pudiera pensar que tuviera el comentarista político pueda ser que ella cuestionó que más de 20 propiedades en el casco urbano permanecen sin poderle dar un uso beneficioso para el desarrollo de viviendas para residentes de Canóvanas por la falta de un reglamento del Departamento de Justicia.
“El único objetivo del Municipio de Canóvanas en expropiar estas propiedades es formar comunidades habitables para los mismos ciudadanos de Canóvanas en las estructuras que los propios vecinos han denunciado como estorbos públicos¨, enfatizó la Primera Ejecutiva. ¨No pretendemos desalojar ninguna comunidad, como alega falsamente Jay Fonseca. Lo que queremos es transformar guaridas de delincuentes y centros clandestinos de vicios en unidades de viviendas y comercios habitables seguros y limpios”.
