Ya es ley que los abogados notarios divorcien

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley varias medidas legislativas que garantizan servicios legales más eficientes y accesibles, se informó desde la mansión ejecutiva en declaraciones escritas.

Rosselló Nevares firmó los proyectos de la Cámara 1002 y 378, y la Resolución Conjunta del Senado 120.

“La firma de estos proyectos reafirma el compromiso que le hicimos al pueblo de brindarles mayor acceso a servicios legales a las personas de escasos recursos aún en tiempos de grandes retos fiscales. Necesitamos ser sensibles con los sectores más vulnerables y ese ha sido nuestro norte”, expresó el gobernador.

Recomendados

Estudio rechaza que medición neta subsidie a abonados solares

LeBron y los Lakers aseguran su boleto a los playoffs

Justicia presenta 10 cargos contra hombre que agredió y amenazó a su expareja

El Proyecto de la Cámara 1002, de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, transfiere nuevos fondos a organizaciones que proveen servicios de orientación y asistencia legal a personas de escasos recursos en asuntos de naturaleza civil y notarial.

La nueva ley allega mayores fondos a una de las entidades que históricamente ha asumido el mayor volumen de casos civiles entre personas de escasos recursos -Servicios Legales de Puerto Rico, Inc.- y a otras entidades.

Asimismo, establece que dichos fondos deberán ser utilizados para brindar servicios de orientación y asistencia legal a personas de escasos recursos y proveer educación legal continuada a los abogados.

Además, se fortalece el Fondo para el Acceso a la Justicia, inactivo por falta de fondos desde el año fiscal 2014. El Fondo, sostuvo el gobernador, ha tenido poco que ofrecer a las entidades que proveen representación legal gratuita a las personas de escasos recursos.

Ahora, la nueva ley establece que el dinero recaudado por las suspensiones en casos civiles y criminales deberá ser remitido para el pago de gastos y honorarios a los abogados de oficio nombrados por el tribunal.

También expresa que cualquier sobrante o el 25% del dinero recaudado -lo que sea mayor- se asignará al Fondo para Acceso a la Justicia de Puerto Rico, para ser repartido entre las organizaciones sin fines de lucro que le brindan servicios legales en casos de naturaleza civil, de familia y administrativo a las personas de escasos recursos.

Para el presidente de la Cámara, “resulta imperativo fortalecer las entidades que históricamente han asumido el mayor volumen de casos civiles entre personas de escasos recursos en Puerto Rico, a saber, Servicios Legales de Puerto Rico Inc. y el Colegio de Notarios. Queremos que la mayor parte de las instituciones que dan la mano a nuestra gente, tengan los recursos necesarios para hacerlo.”

Méndez agregó que “debe quedar claro que aunque esta ley no va a resolver el problema en un instante -no es una ‘varita mágica’- tiene la intención específica de proveer las herramientas necesarias para ofrecer servicios legales a personas de escasos recursos”.

De otro lado, el Proyecto de la Cámara 378, del representante José E. “Quiquito” Meléndez Ortiz, establece un proceso accesible y justo para que las personas puedan disolver su matrimonio.

La medida que contó con el apoyo de todas las delegaciones de minoría en la Asamblea Legislativa, faculta a los notarios a realizar estos procedimientos de forma más eficiente, al tiempo que descongestiona los tribunales para que puedan atender con premura otros asuntos judiciales.

Finalmente, la Resolución Conjunta del Senado 120, de la autoría del senador Carmelo Ríos, asigna la cantidad de $550,811 para que la Sociedad para la Asistencia Legal continúe ofreciendo servicios legales de excelencia a personas indigentes y vulnerables.

El primer mandatario expresó que “es una prioridad que cualquier persona, independientemente de su condición social o económica, tenga la posibilidad de acudir a los sistemas de justicia para la protección de sus derechos y la resolución de conflictos”.