Asesora del Gobierno se desliga ante el Senado de las fallas del ERP y apunta a Deloitte

La vista pública estuvo a cargo de la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus de Puerto Rico, que preside el senador Carmelo Ríos Santiago. Forma parte de la investigación ordenada por la Resolución del Senado 429 sobre la administración de los fondos federales por parte del Gobierno y el desempeño del sistema ERP que hoy sirve a agencias de todo el Gobierno.

Al abrir la vista, Ríos Santiago presentó una extensa cronología del proyecto, cuyas raíces se remontan a un esfuerzo de 2018 para modernizar los sistemas financieros del Gobierno. Desde 2017, la Junta de Supervisión Fiscal ha pedido un sistema de contabilidad centralizado. El sistema habría entrado en vigor en julio en 66 agencias, pero ha registrado numerosas fallas.

El senador señaló que, según información revisada por la comisión, el esfuerzo del ERP ha supuesto unos $172 millones en autorizaciones de contratos, incluidos contratos otorgados a Deloitte tanto para el trabajo anterior con PeopleSoft como para la implementación actual basada en Oracle.

Gran parte de la vista del lunes se centró en E3 Solutions, la firma consultora puertorriqueña que asesoró al Gobierno durante la selección del proveedor y varias etapas de la implementación. Los funcionarios de la compañía insistieron en que sirvieron principalmente como asesores y personal de apoyo al proyecto, y subrayaron que Deloitte fue el contratista responsable de configurar y construir la plataforma ERP.

La vista se produce mientras los legisladores buscan determinar la responsabilidad por los persistentes problemas de pago que han afectado a contratistas del Gobierno, transportistas y agencias. Ríos Santiago dijo que la comisión ha recibido quejas de suplidores que no pueden subir sus facturas, de transportistas que esperan pagos y de agencias con dificultades en sus funciones de contabilidad, a pesar de años de planificación y de un gasto público significativo.

“Si tenemos todo ese conocimiento y todos esos recursos ahí, ¿por qué no funciona?”, preguntó Ríos Santiago durante la vista. “¿Por qué tenemos contratistas que no pueden cobrar?”.

A las preocupaciones de los legisladores se sumó una carta que Deloitte envió a funcionarios del Gobierno en agosto de 2026. Según Ríos Santiago, la consultora argumentó que varios problemas de la implementación se debían a decisiones del Gobierno y de otros contratistas, y no a Deloitte. El senador dijo que la carta le adjudica la responsabilidad a “todo el mundo menos a ellos”, y que la vista del lunes buscaba en parte que los representantes de E3 respondieran a esas alegaciones antes de que Deloitte comparezca ante la comisión más adelante esta semana.

En su testimonio, Alberto Cordero, fundador y presidente de E3 Solutions, rechazó que su firma tuviera responsabilidad en las fallas centrales de la implementación. Afirmó que E3 no configuró los módulos financieros ni controló la programación del sistema, y sostuvo que su rol se centró en el apoyo a la gerencia del proyecto, los servicios de asesoría y la planificación de la implementación.

Cordero defendió la decisión de seguir adelante con el lanzamiento y argumentó que las interrupciones significativas son comunes tras la puesta en marcha de sistemas ERP de gran escala.

“No hay una píldora mágica para atravesar este período de estabilización. Hay que pasar por él”, dijo a los legisladores, al indicar que prácticamente todo gran proyecto ERP enfrenta dificultades operacionales en sus primeros meses.

El consultor describió el proyecto como una de las iniciativas tecnológicas más complejas en la historia del Gobierno de Puerto Rico, con unas 60 agencias y más de 8,000 usuarios. Testificó que más del 90 % de los usuarios ya ha recibido algún tipo de adiestramiento y que la actividad de pagos ha aumentado significativamente desde que el sistema arrancó en julio.

No todos los legisladores aceptaron esa explicación.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago argumentó que comparar la experiencia del Gobierno con implementaciones de ERP en el sector privado ignora las consecuencias que sufren los ciudadanos cuando se interrumpen los servicios públicos.

“El costo social de que el Estado incumpla no tiene comparación con los inconvenientes que pueda sufrir una empresa privada”, dijo Santiago, quien advirtió que los atrasos en los pagos a los transportistas pueden impedir que los estudiantes lleguen a la escuela.

Los legisladores también cuestionaron por qué sigue siendo necesario un proceso manual para algunas transacciones con fondos federales. Los deponentes reconocieron que ciertas transacciones requieren actualmente una solución temporera que puede tardar hasta 45 minutos, según su complejidad, mientras se repara una interfaz del programa.

Otro asunto clave fue la selección de la propia Deloitte. Ríos Santiago presionó a los deponentes sobre el proceso de compra de 2022 y sobre información que sugiere que algunos competidores habrían obtenido mejores resultados en rondas de evaluación anteriores. Cordero sostuvo que Deloitte obtuvo finalmente la puntuación más alta en la evaluación de E3 y que fue seleccionada por un comité directivo del Gobierno en una cerrada votación de 4 a 3.

Se espera que la investigación continúe el jueves, cuando los representantes de Deloitte están citados a comparecer ante la comisión. Ríos Santiago indicó que también podrían ser citados funcionarios actuales y anteriores del Gobierno que participaron en el desarrollo, la adquisición y la supervisión del proyecto.

Al cerrar la vista, el senador dijo que el enfoque de la comisión va más allá de asignar culpas.

“Más importante que determinar la culpa es la solución”, afirmó Ríos Santiago, al subrayar que muchos de los suplidores afectados son pequeños negocios puertorriqueños que dependen de los pagos puntuales del Gobierno para mantenerse a flote.