La administración de Ricardo Rosselló tendrá que entregar al Centro Judicial de San Juan, en un término de 10 días, el borrador de presupuesto que entregó a la Junta de Control Fiscal (JCF) el pasado 30 de abril, para que la jueza Lauracelis Roques Arroyo lo evalúe.
Luego del cedazo de la magistrada, el Tribunal decidirá si al documento debe ser accesible al público. Es decir, que no está cobijado por el “privilegio ejecutivo” o que no es confidencial porque afecta de alguna manera la gestión administrativa del gobierno actual.
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La decisión de Roques Arroyo surge después de una demanda del senador por el Partido Popular Democrático, Eduardo Bhatia, quien solicitó al gobernador publicar el borrador antes de que la JCF impusiera sus determinaciones sobre el documento que desglosa la asignación de fondos provenientes del erario a las distintas agencias del Estado.
“Esto sentaría un precedente sobre los documentos públicos que, una vez el gobierno los entregue a la Junta de Control Fiscal, tendrían que hacerlos públicos para que el pueblo de Puerto Rico pueda saber [lo que contienen]”, destacó Bhatia a su salida del Tribunal.
“Aquí hay un gran debate sobre la Universidad de Puerto Rico. ¿Quién propuso el recorte a la universidad? ¿Fue el gobernador o fue la Junta? Aquí hay un gran debate sobre los municipios, ¿fue la Junta o fue el gobernador?”, añadió el también expresidente del Senado.
Durante el día de hoy, la jueza Roques Arroyo solicitó al abogado del Departamento de Justicia, Iván Ramírez Camacho, probar en sala el por qué el borrador del presupuesto podría ser protegido por la doctrina de “privilegio ejecutivo”. De acuerdo al letrado, el documento es una radiografía de los “procesos deliberativos” de los funcionarios del gobierno.
La respuesta no convenció a Roques Arroyo, quien destacó “no se está solicitando un memorando, ni alguna comunicación, sino un documento que contiene números”.
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Por su parte, la licenciada Margarita Echegaray, abogada demandante, afirmó que en Puerto Rico no se ha invocado el “privilegio ejecutivo” para proteger información. Aclaró que su representando no está solicitando las “consideraciones subjetivas” del presupuesto, sino las partidas que propuso Rosselló a la JCF.
“El privilegio ejecutivo no se puede oponer al derecho constitucional de la libertad de expresión”, agregó la abogada durante la vista argumentativa.
Asimismo, la jueza Roques Arroyo –en respuesta a argumentos realizados por Ramírez Camacho– decidió que el caso no se considerará “académico”. Esto significa que, aunque el presupuesto se haya aprobado, la controversia del caso no prescribe, porque en adelante se tendrá que presentar más documentos a la JCF.
De otra parte, el licenciado Ramírez Camacho dejó entrever que elevará el caso al Tribunal Apelativo, acto que Echegaray lamentó.
“Es lamentable que en estas alturas el Estado, dos meses más tarde de aprobado el presupuesto, tome una determinación como esa”, acotó.
El trámite legal comenzó en mayo ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, cuando Bhatia presentó un mandamus para que el gobernador Ricardo Rosselló publicara el presupuesto que presentó ante la JSF el 30 de abril de 2017, como exige la sección 202 (a) de la Ley Promesa.
Luego de que el gobernador intentara mover el caso ante la jueza Taylor Swain al Tribunal federal y fuera denegado por ella, la controversia regresó al Tribunal local.
