Presidente UPR: "Los nuevos rectores tienen una complicada tarea"

Los nombramientos se dieron a conocer a un día de la destitución de los antiguos rectores.

Por EFE

Los nuevos rectores de los once recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tienen el reto de devolver la normalidad al centro educativo, que debe de afrontar el próximo curso académico con unos recortes de 160 millones de dólares.

El presidente interino de la UPR, Darrel Hillman, anunció el jueves los nombres de los nuevos rectores, quienes a partir de hoy tienen una complicada tarea dadas las limitaciones financieras con que se encontrarán debido a las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la entidad federal de control al Ejecutivo local.

Los nombramientos se conocieron apenas un día después de que Hillman comunicara a los antiguos rectores su destitución, lo que justificó por querer contar con personas de su plena confianza al frente de los once campus de la UPR, la entidad universitaria estatal y han ocupado puestos de alta responsabilidad en sus respectivos campus anteriormente.

Los nuevos rectores son Luis Ferrao (Río Piedras), Segundo Rodríguez (Ciencias Médicas), Wilma Santiago (Mayagüez), Ivelice Cardona (Aguadilla), Carlos Andújar (Arecibo), Miguel Vélez (Bayamón) y Jorge Valentín (Carolina).

La lista la completan José Molina (Cayey), Héctor Ríos (Humacao), Carmen Bracero (Ponce) y José Heredia (Utuado).

La UPR se ha visto sometida a una difícil situación desde hace meses a causa de los problemas financieros por la que atraviesa Puerto Rico. El Gobierno de Puerto Rico anunció en 2015, entonces encabezado por Alejandro García Padilla, el impago de vencimientos de deuda por falta de liquidez, lo que dio paso a la amenaza de demandas millonarias por parte de los acreedores.

El Ejecutivo de San Juan miró hacia Washington en busca de apoyo y ante la imposibilidad de que se acogiera a la ley de quiebras federal el Congreso estadounidense aprobó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

La Ley Promesa estableció una Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad que exigió al Ejecutivo de Ricardo Rosselló recortes millonarios para los próximos años.

La entidad de control se superpone al Ejecutivo local y tiene que dar su visto bueno al presupuesto anual o cualquier otro gasto que afecte a las finanzas públicas, lo que creo tensión con el Gobierno de Rosselló.

La UPR fue una de las entidades más golpeadas por los recortes, ya que solo en el año académico que empezará al final del verano tendrá que mantenerse operativa con un recorte de 160 millones de dólares.

La UPR enfrenta además la posibilidad de recortes ascendentes a más de 500 millones de dólares hasta el año 2025, según proyecciones de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) de Puerto Rico.

Los recortes provocaron una huelga de estudiantes en protesta por entender que no sería posible mantener unos niveles mínimos educativos, aunque esta terminó a mediados del pasado mes de junio.

La UPR no ha entregado, todavía, el Plan Fiscal para el próximo año académico, el documento que debe incluir las medidas a seguir para que se haga efectivo el recorte de 160 millones de dólares para el próximo año fiscal.

El portavoz de la UPR, Joseph Martínez, dijo hoy a Efe que el Plan Fiscal no se presentó todavía, sin dar detalles de la fecha en que se dará a conocer a la JSF, cuyo presidente, José Carrión, hace casi un mes que pidió premura a la dirección universitaria para que presentara el documento. El presidente interino de la UPR no ha dado pistas todavía sobre en qué fecha dará a conocer a la JSF el Plan Fiscal de la Universidad.

Los nombramientos anunciados por Hillman no han recibido todavía la ratificación de la Junta de Gobierno de la UPR.

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