La Comisión de Salud Ambiental y Recursos Humanos del Senado, presidida por Carlos Rodríguez Mateo, realizó vistas públicas sobre el proyecto 507, del senador Abel Nazario y que pretende derogar la Ley de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico y crear un consejo estatal para el manejo de las playas.
El nuevo organismo establecería los lineamientos de política pública respecto del manejo de las costas, planes de mitigación y cambio climático.
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Según se desprende de la exposición de motivos de la medida, desde su creación, la Junta Interagencial no ha cumplido con las funciones y deberes encomendados debido a la inacción del Estado y la falta de presupuesto.
A su vez, señala que se ha convertido en inoperante y al día de hoy “nunca se establecieron las guías ni lineamientos respecto a la protección y manejo de nuestras playas”.
Por su parte, el consejo estatal para el manejo de las playas debe dar énfasis a que el turismo se inserte en una estrategia de mayor desarrollo sostenible que incorpore adecuadamente las visiones de las comunidades locales, en la que es esencial la coordinación entre las entidades del gobierno y estas para superar los conflictos de uso y manejo de los recursos costeros.
La Compañía de Turismo estableció que en virtud de la Ley 293 también se creó el Fondo Especial de la Junta Interagencial de Playas, al que todas las agencias que la componen deben aportar anualmente una cantidad no menor de tres mil dólares para ser administrado y utilizado por el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
Éste rendirá un informe en o antes del 28 de febrero de cada año. Sin embargo, a esos fines, la última aportación que realizó la Compañía de Turismo fue en 2012, por cinco mil dólares.
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Ante esta aseveración, el presidente de la comisión senatorial, Rodríguez Mateo, condenó que la aportación sea de solo esa cantidad y que las agencias no cumplan con el pago.
“La cantidad de tres mil dólares es risible. Uno predica con el ejemplo. ¿Cómo es posible que una agencia no pueda sacar tres mil dólares de su presupuesto para este fin? Este es el más vivo ejemplo de la falta de compromiso”, sentenció el senador.
Otro de los deponentes fue la Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS), que a través de su Coordinadora Nacional Bandera Azul, María Elena García, expresó su preocupación porque en el Proyecto 570 no se incluye ni menciona al programa internacional Bandera Azul, avalado por la Organización Mundial del Turismo y las Naciones Unidas.
Su principal objetivo es conservar los recursos costeros mediante un proceso de educación tanto a los usuarios como a la administración quienes aceptan voluntariamente el trabajar con esta iniciativa de sustentabilidad internacional, de acuerdo a lo establecido en su ponencia.
Debido a esas preocupaciones de no tomarse en consideración el programa de Bandera Azul la OPAS solicita se revise la medida para incluirlo, a la vez que hace ciertas recomendaciones, como actualizar y reforzar la Ley del Programa para la Promoción, Protección y Conservación de las Playas de Puerto Rico Aspirantes a la Bandera Azul, que se incluya a la OPAS como parte del consejo estatal para el manejo de playas.
García indicó que uno de los mayores problemas en las playas es la falta de un Código de Conducta, en el cual se incluya los ruidos excesivos, basura y disposición del carbón, entre otros.
Insistió que ese código debe trabajarse en coordinación con la Policía Municipal de cada pueblo. El senador Rodríguez Mateo recalcó que una de las bondades del proyecto es la inclusión del tercer sector y recordó que las vistas públicas son precisamente para realizarle cambios o enmiendas a los proyectos de ley.
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