La mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una “censura enérgica” contra la ex directora de la Administración de Tribunales, Sonia Vélez, por violar varios cánones del Código de Ética de los abogados durante una controversia pública directa entre la exfuncionaria y los mismos jueces que hoy la sancionaron.
La resolución de un recurso In re concluye que Vélez violó los cánones 4, 9 y 38 del Código de Ética Profesional de los abogados. La controversia que involucra a los mismos jueces del Supremo se remonta a los años 2011 y 2012, a partir de unas alegaciones de mal uso de fondos y recursos públicos por parte del entonces juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton. Sin que la mayoría de los jueces del máximo foro judicial del país fuesen informados, Vélez contrató al exfiscal César López Cintrón para iniciar una investigación sobre el uso de los recursos en el Tribunal Supremo. Los jueces del Supremo interpretaron esa acción como una movida para mancillarlos, ya que fueron incluidos en una investigación sin que hubiesen señalamientos en su contra y para responder a los intereses de Hernández Denton, quien era el jefe de Vélez y contra quién sí se habían levantado señalamientos. Más aún, unas expresiones públicas de la abogada que utilizaban una analogía de guerra para describir la situación por la que se atravesaba en aquel momento en la Rama Judicial dio paso a acciones concretas de la mayoría de jueces Tribunal Supremo —nombrados por Luis Fortuño— para poner fin a la investigación de López comisionada por Vélez.
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En febrero de 2012, la exjueza, Zaida “Cucusa” Hernández presentó una queja disciplinaria contra Vélez en el Tribunal Supremo que es la que desemboca en la sanción de censura. El informe de la Procuradora General en este caso recomendaba que se archivara, pero los jueces determinaron que sí hubo violaciones éticas.
“La licenciada Vélez Colón estaba obligada a instituir y mantener un orden jurídico íntegro y capaz que gozara de la completa confianza y apoyo de la ciudadanía, a proteger las instituciones de justicia, a evitar ataques injustificados en contra de los jueces, a aportar hacia una mejor administración de la justicia y a evitar hasta la apariencia de conducta impropia. No obstante, la licenciada Vélez Colón no cumplió con ninguna de dichas obligaciones”, lee la resolución.
Los jueces reiteran en su resolución que la investigación iniciada por Vélez sí era contra ellos, lo que constituyó un ataque injustificado que arrojó sombra inmerecida de sospecha y puso en duda la honorabilidad e integridad de los jueces del máximo foro judicial. Sobre la pesquisa y Hernández Denton, sostienen que como ella respondía al ex juez presidente, se creó la apariencia impropia de que utilizaba el poder de su cargo y fondos públicos para beneficiar los intereses personales de su jefe. “Más allá, la licenciada Vélez Colón hizo unas expresiones desafiantes e intimidantes que hacían referencia a un aparente estado de guerra en la misma Rama Judicial”, agregan.
“En fin, todos los actos de la licenciada Vélez Colón contribuyeron a perpetuar la desconfianza de los ciudadanos en los jueces y en las instituciones judiciales. Por tanto, no deben quedar impunes”, reza la resolución.
La acción final fue una censura enérgica y archivo de la queja. Los jueces nombrados por administraciones del Partido Popular Democrático, incluyendo la jueza presidenta Maité Oronoz Rodríguez, emitieron votos disidentes. Argumentan daño de reputación, falta de legitimidad activa y arbitrariedad, entre otras cosas. De hecho, la jueza asociada Anabelle Rodríguez apunta a que “la Mayoría optó por exigir el respeto a golpes, en lugar de ganárselo. En vez de restaurar la confianza, la perdió de nuevo”.
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Aquí el documento:
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