Por: Eliván Martínez Mercado | Centro de Periodismo Investigativo
@elivanmartinez
El panorama de los futuros proyectos energéticos para Puerto Rico se ha reconfigurado con dos propuestas para producir energía con gas natural.
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Por una parte, el exgobernador Luis Fortuño solicitó ser interventor en el proceso de permisos para la gasificación de la Central Aguirre, como representante de la empresa tejana SeaOne, que planifica importar y distribuir gas natural a clientes privados y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a partir de 2019.
Además, la polémica propuesta del Gasoducto del Sur regresa. El punto de partida proyectado es Peñuelas, el municipio que lucha contra la disposición de cenizas de carbón en su suelo. La Comisión de Energía de Puerto Rico confirmó que la firma de inversiones Arctas Capital Group presentó ese proyecto como una alternativa en caso de que no sea viable la construcción de las instalaciones flotantes al sur de Salinas para recibir y llevar gas natural a la Central Aguirre, que propone la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Arctas Capital Group propuso el Gasoducto del Sur para que la AEE evite hacer la inversión de sobre $470 millones que conlleva el Aguirre Offshore GasPort (AOGP), según una ponencia ante la Comisión de Energía del vicepresidente de la firma tejana, Rick Sierra. Su alternativa es un tubo de 42 millas de largo, con el potencial de llevar el gas natural desde la central de Ecoeléctrica (subsidiaria de la catalana Gas Natural Fenosa) en Peñuelas hasta la Central Aguirre en Salinas. La administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá aprobó el Gasoducto del Sur en 2008, que fue construido en un 25% y fue cancelado en 2009 por la administración de Fortuño, ante la oposición de ecologistas y comunidades.
SeaOne no ha sometido su propuesta ante la Comisión de Energía, a pesar de haber solicitado intervención en el proceso, aseguró José Román, presidente interino de esa entidad que funciona como una especie de tribunal supervisor e implanta la política pública sobre los servicios de electricidad en la Isla.
La empresa que representa Fortuño está jugando su estrategia a nivel federal, pues envió un “informe” proponiendo sus servicios al Grupo de Trabajo del Congreso Sobre el Desarrollo Económico en Puerto Rico, que se creó por la ley PROMESA. SeaOne se ofrece para importar gas natural desde el estado de Misisipi hasta un centro de operaciones en Guaynabo, y desde ahí distribuirlo a las centrales de San Juan y Palo Seco, y para que la AEE evite la inversión en un “terminal de regasificación”, sin referirse a Aguirre, según el documento. La empresa aseguró que puede enviar el gas natural a los precios más competitivos, usando una tecnología patentada que comprime el combustible.
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“Bajar el costo del combustible para generar energía y otros usos industriales, comerciales y residenciales es primordial para colocar a Puerto Rico en el camino de la recuperación”, indica el documento fechado el 9 de agosto de 2016, que no está firmado por ningún representante de la empresa.
Fortuño no respondió a una entrevista solicitada a través de su portavoz, Michelle Cuevas, quien indicó que él “ya no es una figura pública”. El exmandatario acaba de ser nombrado por el gobernador, Ricardo Rosselló, como uno de los miembros republicanos a la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, que busca adelantar en el Congreso la anexión de Puerto Rico a EEUU.
Dependencia de los combustibles fósiles
La AEE está en busca de cambiar a gas natural, más económico y menos contaminante que el petróleo. Este es el 69% del combustible que usa, indica la corporación en su página web. Necesita cumplir con los estándares de emisiones de mercurio y tóxicos de aire conocidos como MATS, que impone la Agencia de Protección Ambiental federal.
Ambas propuestas, no obstante, implican que el país continúa la dependencia de los combustibles fósiles (gas natural, petróleo, carbón), causantes de los gases de invernadero que provocan el cambio climático.
“La Autoridad de Energía Eléctrica gastó millones en el Gasoducto del Sur y en el otro que se llamó el Gasoducto del Norte, y ninguno se construyó. Si todo ese dinero se hubiera invertido de una vez en energía renovable, ya se estuviera comenzando a resolver el problema”, indicó Jimmy Borrero, líder ambiental de comunidades en Peñuelas que luchan contra las cenizas de carbón que deposita en el municipio la empresa Applied Energy Systems. “Ya Cuba, que se dice que es más pobre que Puerto Rico, se está moviendo a fuentes de energía renovable. La isla de Santa Cruz tiene 20% de energía renovables. ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? Porque se está sirviendo a gente que viene a enriquecerse”, apuntó.
El plan fiscal de la AEE indica que esta corporación debe alcanzar un 18% de uso de energía renovable para 2026.
El AOGP encabeza la lista de candidatos a los proyectos críticos bajo el Título V de la ley PROMESA que busca que el territorio estadounidense pague su deuda a los bonistas. La AEE no ha demostrado tener acceso a financiamiento por parte del Departamento de Energía federal, admitió Román. Las opciones restantes para obtener el dinero son una alianza público privada o pasarle el costo a los clientes de la AEE.
El proyecto lo propone la empresa Excelerate Energy, que cabildeó en el Congreso para la aprobación de la ley PROMESA.
El ente impuesto por el gobierno de EEUU para mandar sobre las finanzas del territorio, la Junta de Control Fiscal, rechazó el acuerdo de reestructuración de la deuda de $9 mil millones de la AEE con sus bonistas y acogió la solicitud de quiebra de la corporación mediante el Título III de PROMESA. En ese contexto, a la agencia se le hará difícil acceder a bonos de reestructuración para financiar los proyectos de infraestructura con gas natural.
La Comisión de Energía llevará a cabo unas vistas públicas el jueves 20 de julio, en sus instalaciones en el octavo piso del edificio Seaborne, en el #268 de la Avenida Muñoz Rivera, para discutir la viabilidad económica de las propuestas. Recibirá comentarios escritos de la ciudadanía hasta el 21 de este mes.
Por su parte, los proponentes del AOGP y del gasoducto tienen hasta el 2 de agosto para demostrar por escrito por qué sus propuestas son más económicas para la AEE y los abonados, y entonces la Comisión de Energía tomará una decisión final.
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