Los compiladores y autores del texto “Comentario a la Reforma Laboral 2017”, realizaron una conferencia de prensa y la presentación del libro de referencia ayer en la noche en las dependencias del Instituto de Relaciones del Trabajo del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El editor de la obra fue Carlos Alá Santiago, Catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR. Los autores del libro constituyen un grupo de pensamiento crítico de carácter multidisciplinario, en el que se encuentran: juristas, psicólogos, sociólogos, economistas e historiadores, administradores, relacionistas laborales y estudiosos del trabajo.
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Varios de los autores del libro, cuestionaron la insuficiencia de evidencias, y datos científicos como fundamento de las normativas jurídicas promulgadas por el Gobierno de Puerto Rico. Lo anterior, a tenor, con los lineamientos impulsados por la Junta de Control Fiscal (JCF) que impactan adversa y significativamente a la clase trabajadora. Estos anticiparon la ineficacia de las medidas aprobadas para resolver la crisis, y su impacto en la clase trabajadora y el desarrollo económico y social del país. A su vez, ofrecieron propuestas de cursos de acción para el beneficio de la sociedad puertorriqueña.
Los autores enfatizaron en una comunicación escrita que la Reforma Laboral:
- No constituye una política de empleo coherente y racional; sino un conglomerado desarticulado de políticas dirigidas al crecimiento económico, al pago de deuda y hacia un mercado de trabajo caracterizado por inestabilidad e inseguridad laboral.
- Implica el desmantelamiento de la legislación laboral individual y colectiva, mediante prohibiciones y suspensiones de derechos.
- Plantea la deconstrucción del Estado de Bienestar Social y la creación de un contexto socio económico desigual.
- Resulta contraria a los referentes de reformas laborales exitosas en países desarrollados.
- Sus lineamientos y especificidades están desvinculados de las máximas propuestas por organismos internacionales en materia de los derechos humanos y los derechos humanos laborales.
A manera de resumen se detallan las siguientes implicaciones de las medidas aprobadas que implican una mayor precarización laboral:
- Aumento del periodo probatorio
- Aumento de horas para recibir compensación por horas extras
- Bono de navidad y reducción de la cuantía total a percibir
- Reducción de licencias por enfermedad y para el disfrute de vacaciones
- Menores garantías de seguridad de empleo
- Reducción del término de prescripción en las reclamaciones de salarios y reducción de las compensaciones por despido injustificado, en algunos casos se redujo de tres años a un año
- Limitación del alcance de la compensación por concepto de reclamaciones por represalias y por discrimen en el empleo al establecerse un tope máximo. Algunas de las nuevas disposiciones en ley afectaran a empleados contratados antes de la puesta en vigor de la denominada Reforma.
Para lograr reivindicar los derechos y beneficios que han perdido los trabajadores y su grave impacto en la clase media trabajadora y en el desarrollo económico del país Edwin H. Morales Cortés, Coordinador del evento y uno de los autores del texto, esbozó una serie de acciones contingentes, que se mencionan a continuación:
1. Incorporación en los convenios colectivos clausulas para la promoción de la calidad de vida y bienestar de los trabajadores.
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2. Crear alianzas entre grupos de trabajadores, pensionados y sindicatos independientes o afiliados a uniones estadounidenses.
3. Promover la solidaridad y la militancia de cada sindicato organizado y estructurar las luchas de manera participativa.
4. Educar al sector patronal sobre las ventajas de proveer mejores condiciones y términos de empleo que lo estipulado en la “Reforma Laboral de 2017”.
5. Demostrar con evidencia empírica a recopilarse que la reforma no ha surgido los efectos que anticipó en sus respectivas exposiciones de motivo de las leyes que la configuran.
6. Realizar estudios en el ámbito del derecho comparado para enriquecer nuestro ordenamiento jurídico.
7. Denunciar la inconstitucionalidad vinculada a la flexibilización del pago de horas extras y a la duración de la jornada de trabajo.
8. Estudiar y hacer escrutinio de determinaciones de carácter económico como aquellas vinculadas a las reorganizaciones empresariales o ante cambios tecnológicos, para auscultar su validez (incluye, pero no se limita a la consideración de datos científicos) y partir de la buena fe, al uso y a la ley, entre las partes. La discreción patronal no debe ser irrestricta o ser interpretada con una gran laxitud.
9. Cabildear y promulgar legislación que precise los deberes de los patronos o empleadores.
10. Insistir en que la relación entre un empleado y un patrono es una contractual y se debe de obrar de buena fe, durante la negociación y de forma recíproca.
11. Considerar en la defensa de los trabajadores afectados la doctrina por actos propios (nadie puede ir contra sus propios actos). Implica el conocimiento del trasfondo de las acciones de la empresa y del descubrimiento de prueba.
12. Reconocer y educar en torno al valor del derecho al trabajo en nuestra sociedad y la política pública.
13. Desalentar prácticas basadas en actos caprichosos o sin razón ya que son contrarias al deber de lealtad y cooperación. Deberá tomarse en cuenta las disposiciones de los contratos y los reglamentos y normativas aprobadas por el patrono como parte integral del contrato pactado.
14. Reconocer que la Universidad de Puerto Rico es una herramienta trascendental para el desarrollo económico del país.
15. La lucha por la reducción de la jornada de trabajo, sin reducción de salario, debe de estar íntimamente articulada a la lucha por el derecho al trabajo, creando las bases de un ordenamiento social más humanitario.
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