El gobernador Ricardo Rosselló todavía no estampa su firma en el Proyecto del Senado 27, medida que daría poder al procurador del paciente para defender a los puertorriqueños cuando las aseguradoras privadas reviertan las recomendaciones de los médicos.
Es por esta razón que ayer, la Coalición de Proveedores de Salud y el exprocurador del paciente Carlos Mellado, se unieron para impulsar la pieza y luchar contra el cabildeo de las pólizas privadas.
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En días recientes, según confirmó la Fortaleza, los seguros médicos piden que el ejecutivo vete el proyecto, argumentando que perderían cerca de $300 millones de convertirse en Ley.
Para el presidente del Colegio de Optómetras, Alsides Reyes, la acción de las aseguradoras confirma que han estado denegando servicios que sus afiliados sí necesitan. Por su parte, Mellado advirtió que el 55 % de la población del país, quienes no son asegurados del plan Mi Salud, son discriminados por el Estado porque tendrían que recurrir a los tribunales para objetar finalmente las decisiones de sus pólizas.
“Estarían en contra de una compañía que tiene un poder adquisitivo bien grande y tienen una cantidad de abogados para ir a defender sus derecho”, destacó el galeno.
El exprocurador sostuvo que en muchos casos las aseguradoras, a través de sus técnicos, suelen denegar las recomendaciones de hospitalización que hacen los médicos. “Hay hospitales a los que se les ha denegado hasta el 57.5 % de sus hospitalizaciones”, agregó.
La ley vigente establece que el Comisionado de Seguros (OCS) es quien media las controversias entre aseguradoras y pacientes.
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De la misma forma, el Proyecto 27 del Senado le adscribe responsabilidad civil a las aseguradoras, para que puedan ser demandados de ocurrir alguna consecuencia en la salud de los pacientes por haberles denegado un servicio.
“Los médicos, cada vez que vemos a un paciente, ponemos nuestra póliza de impericia médica en medio y ellos no. Este proyecto les haría responsables si hacen denegaciones caprichosas”, afirmó Víctor Ramos Otero, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.
De convertirse en ley, las aseguradoras también estarían obligadas a proveerle al procurador del paciente un informe trimestral con información detallada sobre los procedimientos que rechazaron y las razones. En el informe estaría protegida la identidad de los pacientes, de acuerdo con el proyecto.
La medida fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras Legislativas.
