El depósito de derivados de cenizas de carbón en el Peñuelas Valley Landfill podría ir en contra de una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) avalada por la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para permitir la operación de la empresa Applied Energy System (AES) en Puerto Rico, aseguraron a Metro el abogado Pedro Saadé y el líder ambientalista Luis Jorge Rivera Herrera.
Según la misma JCA, la DIA es un documento ambiental detallado que contiene un análisis, evaluación y discusión sobre los posibles impactos ambientales asociados a alguna acción, como el establecimiento de la empresa AES en la isla.
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En el 1996, cuando la JCA determinó que el DIA para comenzar la operación de AES cumplió con lo dispuesto en la Ley sobre Política Pública Ambiental, grupos como Misión Industrial de Puerto Rico y Sur contra la Contaminación impugnaron la decisión en los tribunales.
En el 1998 el caso fue resulto por el Supremo a favor de AES, entre otras cosas porque –según dicta el documento– “la Junta de Calidad Ambiental, al aprobar la declaración en cuestión, dispuso que de no encontrarse cliente para las cenizas aludidas, se requerirá que las mismas sean devueltas a las minas de origen del carbón [en Colombia]”.
“El Tribunal aceptó como bueno la disposición de que se iban a destinar a su lugar de origen las cenizas y que por eso no impactaría la salud de los puertorriqueños”, explicó Saadé, quien fue uno de los abogados que debatió el caso en los Tribunales.
Lo que dispuso AES en su DIA, de acuerdo a Rivera Herrera, nunca fue cumplido. Esto, explicó, porque en primer lugar las cenizas fueron trasladadas a la República Dominicana y en segunda instancia aquí, luego de que en el 2015 el gobierno de Alejandro García Padilla enmendó el contrato entre la empresa y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Dicha enmienda al contrato, añadió Rivera Herrera, sería invalida porque violenta el DIA aprobado por la JCA y lo dispuesto en la decisión del Supremo.
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“La enmienda al contrato en la que AES se comprometía a disponer de las cenizas fuera de Puerto Rico, esa clausula que se eliminó, es nula en sus inicios, porque al removerla el contrato viola el DIA de la JCA y por ende la Ley de Política pública Ambiental de Puerto Rico”, sentenció el también ganador del premio Goldman, considerado el Nobel ambiental.
Asimismo, Rivera Herrera catalogó como un “engaño” la participación de AES en el proceso de competencia para ganar su contrato con la AEE.
“Cuando la administración de Pedro Rosselló decidió diversificar y privatizar parcialmente la generación de electricidad, se llamó a que las empresas sometieran propuestas para su contratación. En el proceso de competencia se seleccionó a AES en Guayama, no solo por la cuestión económica, sino porque incluía que la disposición de cenizas sería fuera de Puerto Rico. Eso fue una competencia desleal porque estaba contemplado en el plan de negocios de AES”, afirmó.
Agregó que “uno se tiene que plantear si esa representación fue fraudulenta, porque nunca la han cumplido [AES]”.
Para Saadé, esto ofrece una defensa a los ciudadanos de querer impugnar en los tribunales el depósito de cenizas de carbón en Peñuelas.
“Cualquier persona pudiese radicar un mandamus para obligar a AES a cumplir con su DIA”, comentó por su parte Rivera Herrera.
Sin embargo, más allá de que sea un ciudadano, “es la Junta de Calidad Ambiental quien tiene la responsabilidad primaria de velar por el certificado de cumplimiento ambiental. Desde que comenzaron las violaciones debió ir al Tribunal o darle multas a AES”, sostuvo.
Desde el pasado lunes, AES, una planta generadora de energía a base de carbón, deposita el derivado Agremax en el vertedero de Peñuelas. Esto luego de que el gobernador Ricardo Rosselló firmó la Ley 40 del presente año, que prohíbe el depósito de fly ash y bottom ash, pero no así el de productos económicamente “beneficiosos” hechos de las cenizas de cabrón.
Aun cuando líderes ambientalistas han destacado la toxicidad de dicho material, la JCA y el Estado insisten en que es no es peligroso para la salud del ciudadano o el medio ambiente.
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