A más de un puertorriqueño le ha sucedido que, una vez su médico le hace una recomendación, comienza una pugna con la aseguradora porque —según los manuales de la empresa— el diagnóstico no es correcto. A raíz de esta situación, los legisladores del país entendieron que la solución es facultar al procurador del paciente para que pueda mediar entre los ciudadanos, proveedores de salud y las aseguradoras privadas.
El estado de derecho actual permite que esta oficina solo defienda a aquellas personas que tienen el seguro de salud del Gobierno.
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El Proyecto del Senado 27, que fue avalado por ambas Cámaras por unanimidad, está en La Fortaleza esperando la firma del gobernador. Según trascendió en los pasados días, confirmado ayer en una entrevista radial por WKAQ por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, las aseguradoras cabildean para que no pase el cedazo de Ricardo Rosselló, argumentando que tendrán pérdidas millonarias. En su alocución, Rivera Schatz exhortó al gobernador a firmar el proyecto.
Sobre el alegato de las aseguradoras, el vicepresidente de la Comisión de Salud del Senado, Carlos Rodríguez Mateo, comentó que “decir eso es un reconocimiento a que las cosas las están haciendo de manera incorrecta que estaban negando servicios que necesitaba el paciente”.
La ley vigente establece que el Comisionado de Seguros (OCS) es quien media las controversias entre aseguradoras y pacientes. Sin embargo, Rodríguez Mateo, quien es médico de profesión, argumentó que quien tiene el “peritaje” para evaluar los casos es finalmente el procurador del paciente.
“Siendo la determinación de tratamiento médico un asunto de criterio médico y, por ende, de calidad de servicios, esta Asamblea Legislativa entiende que el Procurador del Paciente es quien debe tener jurisdicción para atender estos asuntos y no la OCS”, dice el Proyecto 27.
De convertirse en ley, las aseguradoras también estarían obligadas a proveerle al procurador del paciente un informe trimestral con información detallada sobre los procedimientos que rechazaron y las razones. En el informe estaría protegida la identidad de los pacientes, de acuerdo con el proyecto.
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Según el senador, esto permitirá una mayor transparencia.
Con las expresiones de Rodríguez Mateo concordó Alba Rivera Torres, presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos.
“Se le debe poner un fin a esa falta de transparencia y manipulación de la información por parte de las aseguradoras y sabemos que el P. S. 27 es necesario para cumplir con esa transparencia”, compartió ayer Rivera torres.
“Debemos ir en beneficio de los más desventajados y no a favor de las aseguradoras. […] Sabemos de antemano las millonarias ganancias que estas tienen anualmente”, agregó la presidenta de la asociación en declaraciones escritas.
