La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión parcialmente adversa sobre la administración de los presupuestos, las compras y los desembolsos, las contrataciones de servicios profesionales y consultivos, las subastas y la propiedad, entre otras áreas, del Municipio de Vega Alta.
El Informe revela desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación porque se fraccionaron obras de construcción para que no excedieran de $200,000 y así evitar la celebración de subastas como dispone la ley 81-1991.
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El Municipio fraccionó $1 millón entre 14 contratos y 6 enmiendas para la construcción de cunetones, aceras y encintados. Para la contratación de guardias de seguridad de marzo a diciembre de 2015 por $129,891, el Municipio tampoco celebró subasta pública.
Además, en Vega Alta se realizaron obras por $6 millones sin obtener los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos ni del Departamento de Transportación y Obras Públicas. En uno de esos proyectos, la remodelación del parque de pelota Julio “Papo” Dávila, se pagaron $28,500 por siete acondicionadores de aire, pero sólo se instalaron tres unidades. Atribuimos las situaciones a que el ex –Alcalde, el Director de Finanzas, el Secretario Municipal y el personal de ingeniería no protegieron adecuadamente los intereses del Municipio.
La auditoría de nueve hallazgos señala deficiencias con: las transferencias de créditos entre partidas presupuestarias que no se remitieron para la aprobación de la Legislatura Municipal, la otorgación de un contrato retroactivo por $9,000 para el arrendamiento de un local, y la Oficina de Documentos Públicos no estaba habilitada para conservar los documentos por la presencia de hongos, filtraciones, y falta de ventilación. Una situación similar se había señalado en el Informe de Auditoría M-15-21de 2015.
El Informe comenta que en el 2014, después de siete años de litigio, el municipio de Vega Alta llegó a un acuerdo de transacción por $625,000 con las compañías desarrolladoras de las residencias multifamiliares de interés social Paseo de la Vega I, II y III, que demandaron tras la cancelación de sus contratos en 2005.
Además, al 31 de diciembre de 2015, seguían pendiente de resolución por los tribunales dos demandas civiles: una de $45,000, por cobro de dinero, y la otra ante el Tribunal Federal, por $4.5 millones por discrimen político y violación de derechos civiles.
